La indemnización por despido en Euskadi cae a la mitad tras la reforma de 2012

Estas cuantías se refieren a la compensación media por trabajador que arrojan los despidos acordados en el organismo administrativo. En 2012 solo fueron un 26% del total, pero el año pasado supusieron más de la mitad. El resto acabó en su mayoría en los juzgados de lo Social, donde la indemnización media se situó en 10.167 cuando se llegó a un acuerdo de conciliación en el marco judicial y 14.003 en las sentencias favorables a los trabajadores.

Aunque no sea una estadística completa, el recorte en la indemnización de los acuerdos alcanzados en el SMAC da una aproximación del impacto de la reforma de 2012, cuando se abarató de forma considerable el despido. Por un lado se amplió el margen para alegar causas objetivas -basta con un descenso de las ventas-, una modalidad que permite cesar a trabajadores con 20 días por año trabajado. Por otro se recortó la indemnización en el improcedente, que pasó de los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Además, se eliminaron los salarios de tramitación, aquellos que deja de percibir el trabajador desde el despido hasta la sentencia que declara la improcedencia.

Es precisamente esta modalidad de despido, el improcedente, la que ahora está en el foco después de que el lunes se conociera de forma íntegra la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que declara insuficiente la indemnización para cubrir el daño causado al trabajador y disuadir a la empresa de su uso.

El CEDS, cuyo pronunciamiento responde a una reclamación de UGT, no critica la rebaja aprobada sino que va más allá al advertir de que la existencia de una indemnización tasada para todos los casos no tiene en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador en función de sus circunstancias personales. Aunque la resolución no es vinculante para el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que hará una reforma, tal como se acordó en el pacto de PSOE y Sumar. «Sería un disparate constitucional no hacer caso al Comité», insistió el viernes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Pero dentro del propio Ejecutivo hay serias dudas sobre cómo abordarla por la inseguridad jurídica que generaría implantar una indemnización a la carta.

En los tribunales ya se han dado cambios. El Superior vasco (TSJPV) cambió su criterio en abril al establecer, por primera vez, una indemnización superior a la máxima legal. El caso que sirvió para dar el giro era sangrante: el Ayuntamiento de Oñati despidió a un trabajador interino solo un mes después de contratarle y él había dejado su puesto fijo en una empresa. La presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, reconoció a EL CORREO que este nuevo criterio aprobado en pleno supone mayor inseguridad y más litigiosidad, pero defiende que la resolución del CEDS es vinculante y se debe aplicar, aunque reconoce que aún tiene que pronunciarse al respecto el Supremo.

Según Biurrun, las nuevas demandas ya piden compensaciones adicionales a la indemnización máxima. «Todo el mundo va a tratar de aprovechar el cambio de criterio del Superior vasco», apunta Guillermo Gumb, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia y socio del despacho Estudio Jurídico. Vaticina una auténtica locura y el colapso de los juzgados si el Gobierno implanta finalmente un despido a la carta en función de las circunstancias del trabajador. «Con independencia de lo que se legisle, esa puerta ha quedado abierta en los juzgados», señala Iratxe Ordorika, coordinadora de servicios jurídicos de ELA.

En la actualidad el 53% de todos los despidos que llegan al SMAC en Euskadi terminan con acuerdo. «Este alto porcentaje se debe a que muchos ya están pactados previamente y se pasan por el organismo para quedar exentos de tributar», dice Gumb. La indemnización se situó en 18.552 euros en 2023, una cuantía media que se refiere a todas las modalidades de despido.

Más o menos la otra mitad de los despidos acaba en los tribunales. En 2023 se presentaron 5.438 demandas relacionadas con esta materia en los juzgados vascos de lo Social, un 8,6% más que el año anterior. En muchas de estas reclamaciones se solicita que el despido sea reconocido como improcedente e incluso nulo.

En el ejercicio se resolvieron 4.608 procedimientos, más de la mitad de ellos -en concreto, 2.480- por conciliación y con una indemnización media de 10.167. Los jueces dictaron 839 sentencias favorables al menos en parte a los trabajadores y en ese caso la compensación fue algo mayor, de 14.003 euros.