La incorporación de los extrabajadores de La Naval a Navantia comenzará en junio

El grupo público Sepi, de quien dependen Navantia, trabaja ya en la elaboración de una propuesta de recolocación, a partir de las peticiones que han hecho los 150 afectados y sus perfiles profesionales. Este grupo tenía derecho a la recolocación en Navantia, gracias al compromiso asumido por el Estado en 2006, cuando La Naval salió de la esfera del grupo de empresas públicas para ser privatizada. Pero Navantia no tiene centros de trabajo en el País Vasco, sino que todos están bastante alejados. En respuesta a un sondeo realizado por Sepi, los trabajadores mostraron sus preferencias geográficas de recolocación y la mayor parte de ellos optaron por solicitar un nuevo destino en Galicia. Precisamente ayer, el Gobierno anunció la firma del contrato para construir en estos astilleros situados en la ría de Ferrol cuatro nuevas fragatas para la Armada española. El proyecto, que supondrá un desembolso de 4.317 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, supondrá una importante carga de trabajo para estas instalaciones, así como mucha generación de empleo en la industria auxiliar de la zona.

El segundo punto de destino que más demanda ha tenido es el del cuartel general de Navantia en Madrid, principalmente entre los empleados del área técnica y administrativa. En este caso, al parecer, puede haber algunos problemas, ya que todo apunta a que no habrá vacantes suficientes en las oficinas centrales del grupo. El proceso que ahora comienza y que debe sustanciarse en las próximas semanas pretende, precisamente, aclarar estos detalles y hacer una propuesta alternativa a quienes no puedan acceder al destino que habían solicitado. Las instalaciones del sur, Cádiz y Cartagena, son las que menos solicitudes han recibido.

Mientras tanto, La Naval ha abonado a su plantilla la totalidad de los salarios atrasados y el finiquito, aunque no así la indemnización que les corresponde por el despido. Salvo sorpresas de última hora ésta deberá ser asumida por el Fondo de Garantía Salarial. El colapso de tesorería que llevó al astillero al procedimiento concursal y más tarde a la quiebra y a la liquidación, había dificultado el pago de los salarios en los últimos meses. Y eso a pesar de no era la totalidad del sueldo lo que asumía la empresa, sino el complemento para mejorar las percepciones por desempleo. La práctica totalidad de la plantilla de la empresa estaba inmersa en un ERE temporal desde octubre de 2017. Hasta el pasado 4 de marzo, fecha en la que el Juzgado Mercantil número 2 de Bilbao decretó el despido de los trabajadores, la plantilla compatibilizaba el cobro de la prestación por desempleo con el complemento aportado por la empresa, hasta garantizar el 85% de su salario en activo.

El pago de los atrasos ha sido posible gracias al cobro por parte de La Naval de una subvención que correspondía al Estado. Esta subvención estaba ligada a la construcción del buque 'Living Stone', que fue encargado por la compañía holandesa Deme-Tideway. El barco abandonó el astillero en octubre de 2017 para ser amarrado en un muelle de Santurtzi, donde el armador decidió finalizar la construcción por su cuenta. Apenas un mes antes el buque había sido objeto de un suceso poco habitual, cuando el armador intentó llevárselo de noche y a la fuerza, con dos remolcadores que había desplazado desde Bélgica.

Mientras tanto, persiste la ausencia de ofertas formales para adquirir el astillero, pese a que el Gobierno vasco había indicado que había algunas empresas interesadas.