Nunca ha sido fácil poner en marcha un proyecto industrial. Pero si además hacerlo supone vencer un sinfín de trámites en al menos cuatro niveles administrativos y, sobre todo, aguantar en ocasiones hasta una década para disponer de suelo, la tarea se convierte en casi ... imposible. o es un panorama ficticio, sino la realidad de Euskadi.
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La multinacional Amazon se ha decantado por situar en Asturias su gran centro logístico para el noroeste de la península, que dará servicio al norte de España y Portugal. Invertirá 100 millones de euros y cuando esté a pleno rendimiento dará trabajo a 2.000 personas. Esta buena noticia para Asturias esconde una muy mala para el País Vasco, ya que entre los emplazamientos que estuvo estudiando el gigante del comercio electrónico estaba Álava. Necesitaba una parcela de grandes dimensiones, de unos 200.000 metros cuadrados, y que pudiera tener las instalaciones funcionando a pleno rendimiento en un par de años. Pero aunque la orografía alavesa es llana y dispone de enormes extensiones de terreno, no existe una gran reserva de suelo preparado para acoger estos megaproyectos. En la actualidad únicamente está el polígono de Arasur, en Ribabellosa, mientras que el gran polo logístico VIAP previsto junto al aeropuerto de Foronda -una de las principales terminales de carga de España y situada junto a relevantes nudos de carretera-, dista mucho de ser una realidad en un futuro cercano. Al contrario, el proyecto se eterniza desde 1998.
Crear suelo industrial
Pero a Amazon no le encajó el planteamiento de Arasur ni los plazos que habría de esperar, mientras que el Ayuntamiento asturiano de Siero ya ha aprobado por unanimidad la licencia de obras para la plataforma.
Tras el mazazo, EL CORREO tuvo acceso a un informe de la Cámara de Comercio de Álava en el que denuncia que los retrasos en la puesta en marcha de polígonos como el VIAP de Foronda «impiden la llegada de nuevos proyectos empresariales». Tampoco ayudan a la promoción industrial y logística los retrasos en la estación intermodal de Jundiz o en la 'Y' vasca. La oferta de suelo en Álava se cifra en torno a los 1,8 millones de metros, pero la Cámara dice que es algo «teórico» porque «varias parcelas de gran tamaño -más de 50.000 metros- no están disponibles». Sólo hay grandes parcelas -las llamadas XXL con más de 100.000 metros cuadrados- en el polígono de Arasur. El informe recuerda la competencia que existe para captar inversiones con Miranda de Ebro, Navarra o Zaragoza. Y ahora se ha visto, también con Asturias.
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Tampoco Bizkaia y Gipuzkoa tienen grandes stock de suelo. En tierras vizcaínas empieza a andar el Parque Tecnológico de la Margen Izquierda, pero no para proyectos que necesiten grandes superficies. Y éstos deberán esperar aún bastante tiempo hasta que se materialice la iniciativa logística del grupo belga VGP sobre los antiguos terrenos de La Naval.
Al igual que el informe de la Cámara, el propio diputado general de Álava, Ramiro González, no esquiva el debate y coincide en la necesidad de disponer de un stock de grandes suelos para actividades logísticas e industriales. Y ponerlo a disposición de las empresas «en un periodo razonable». «No les podemos plantear que dentro de cuatro o cinco años dispondrán de ello porque, como todos nos tememos, buscarán otras ubicaciones», resume.
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Rehabilitar ruinas
Entre las patronales vascas consultadas, la única que considera que la escasez de grandes suelos es un problema real es la alavesa SEA. Su presidente, Pascal Gómez, llama la atención sobre el largo y farragoso trámite administrativo que hay que seguir para poder disponer de suelo. Gómez no pide atajos en las normativas medioambientales, pero sí «un proceso claro y ágil donde los organismos públicos agilicen los plazos, que no esperen a agotarlos». Además, reclama que se revise el inventario de suelos contaminados y se unifique también la interpretación de la normativa por parte de todas las administraciones.
Y es que en materia de suelo, puede decirse que no hay administración o departamento que no intervenga. El laberinto competencial hace necesario autorizaciones del Estado, Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Y dentro de cada uno de ellos son múltiples los departamentos implicados -urbanismo, medio ambiente, aguas, espacio, aéreo, carreteras, bienes culturales, etc.- Esto afecta tanto a empresas como a organismos públicos. Muestra de ello es que a la sociedad pública de suelo industrial Sprilur poner en marcha un polígono industrial le lleva de 8 a 10 años. Pero el plazo puede llegar a ser muy superior, incluso para los proyectos estratégicos. Véase el Parque Tecnológico de la Margen Izquierda, que ha tardado 15 años en poner los cimientos del primer edificio, que albergará el EIC (Energy Intelligence Center).
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En esta legislatura, el Gobierno vasco ha integrado en un mismo departamento el área de industria con la de medio ambiente, bajo la responsabilidad de Arantxa Tapia. Fuentes de la consejería indican que ya no se puede desligar desarrollo económico y sostenibilidad y que hay que asumir el estricto cumplimento medioambiental, pero también abogan por una mayor coordinación entre las instituciones y por agilizar los plazos.
Desde ámbitos públicos y privados se aboga por reutilizar ruinas industriales en vez de urbanizar suelo nuevo. En Euskadi hay abundancia de ruinas en zonas como Gamarra, en Vitoria; en la Margen Izquierda vizcaína o en el Goierri o Urola en Gipuzkoa. Pero aquí los plazos tampoco son inmediatos. Si la ruina no es muy grande y tiene claros sus propietarios y sus cargas, un nuevo proyecto tardará en instalarse dos años. Mientras que las grandes ruinas, de empresas quebradas hace mucho tiempo donde además hay muchos propietarios y acreedores, los plazos también se disparan, hasta 15 o 20 años.
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Y el último factor que determina los plazos de los proyectos y que puede dar al traste con ellos -a pesar de que cumplan con todos los requisitos-, es que no se opongan los ayuntamientos al ver protestas vecinales. Sucede a diario, como en Azpeitia con la firma Corrugados.
En 2006 se planteó sobre 130 hectáreas entre Abanto y Ortuella. Tras la larga tramitación ha quedado en 505.361 metros cuadrados en Abanto y sólo se puede edificar en la mitad. Habrá de tener 2.145 árboles; salvar un caserío catalogado; conservar un arroyo y un encinar; una superficie de 90.000 metros cuadrados de césped bajo el cual discurrirá una carretera; 19.000 metros para espacios comerciales; 24.000 metros para equipamientos de interés público y social; un bidegorri y el seguimiento de un arqueólogo por si aparecen restos de la batalla de Somorrostro de 1874, de la última guerra carlista.
El grupo Cristian Ley quiere relanzar esta acería cerrada en 2013 y crear 200 empleos. Ha encontrado la oposición del Ayuntamiento y de los vecinos.
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