Las inaplicaciones de convenios crecen y afectan a 4.720 trabajadores vascos

«Esta laxitud ha dejado la puerta abierta al abuso empresarial y a la devaluación de los salarios y condiciones laborales de los trabajadores», señala la secretaria general de CCOO-Euskadi, Loli García, que ha extraído los datos de la comunidad autónoma de un exhaustivo informe sobre inaplicaciones elaborado por su sindicato. Los descuelgues eran muy escasos antes de la reforma de 2012 y a partir de ahí se disparan hasta sumar 226 en el País Vasco, con 4.718 trabajadores afectados. «Entre 2010 y 2012 apenas se contabilizaron 16», apunta la responsable sindical.

Los primeros cambios para facilitar las inaplicaciones de los convenios llegaron con la reforma de Zapatero de 2010. Entonces ya se ampliaron las justificaciones para adoptar esta medida y se posibilitó que, en ausencia de representación legal de los trabajadores, se crearan las citadas comisiones ad hoc para su aprobación. «Supuestamente deberían juntarse los trabajadores y elegir a unos representantes, pero no se hace así. Los designa directamente la dirección y apenas tienen margen de resistencia porque están en una posición muy débil», explica García. Antes había que acudir a la comisión paritaria de los convenios sectoriales, en la que están representados patronal y sindicatos. Para cuando no hubiese acuerdo se creó el órgano tripartido Orpricce, que según la responsable de CC OO en Euskadi apenas ha tenido relevancia.

Pero el gran impuso a los descuelgues vino con la reforma del PP de 2012. «Se extiende el ámbito de aplicación al permitir los descuelgues de convenios sectoriales y también de empresa; se amplían, asimismo, las materias, que ya no se limitan a los salarios; y, lo más importante, se aligeran las exigencias para recurrir a ellos», precisa. En concreto, para justificarlos se pueden alegar no solo causas económicas como una caída en los ingresos, sino también razones técnicas y de organización.

El impacto fue inmediato. En el año 2013 se produjo un auténtico boom de inaplicaciones, con 66 expedientes y 1.736 trabajadores afectados en Euskadi. Pero el problema es que, aunque a menor número, el recurso a esta posibilidad no ha remitido durante los años de recuperación económica y se detecta un repunte en lo que va de 2019.

Preocupa especialmente el impacto en las pequeñas empresas sin representación legal de los trabajadores. «Hay un dato muy alarmante. De los 226 descuelgues registrados, 122 se han firmado con comisiones ad hoc», alerta García. Sale a un porcentaje del 54%, elevado aunque inferior al 70% que alcanza a escala nacional.

Los descuelgues son más habituales en las pequeñas empresas. Así, un tercio de todos ellos se han registrado en empresas que solo tienen entre uno y diez trabajadores. Si se abre un poco más el abanico y se incluye a las firmas que cuentan con más de diez y menos de 25 empleados, se supera el 50% de las inaplicaciones. Pero, lógicamente, la mayor afectación en cuanto al número de trabajadores se produce cuando las grandes se descuelgan.

La inmensa mayoría de las descuelgues, un 92,5%, tiene por objeto la inaplicación del régimen salarial previsto en el convenio. CC OO alerta de que en su estudio se han detectado otra irregularidades como, por ejemplo, no establecer una fecha de finalización. «Eso es absolutamente ilegal y lo hemos visto en 55 de los 212 casos vascos», censura García. «Exigiremos al nuevo Gobierno que anule estos cambios tan negativos», advierte.