Vitoria eleva un 24% el impuesto de circulación en una década

En cuanto al IBI, los españoles contribuyeron con 89 euros por persona de media por sus viviendas en 2017, mientras que en 2008 lo hacían con 68,6 euros. Estos más de 20 euros de diferencia al año suponen la subida de casi el 23% en este impuesto recaudado por los ayuntamientos. Los tres municipios que encabezan la tabla en la mayor cuota de IBI para 2017 son Soria, Tarragona y Lérida. La primera ha experimentado una subida especialmente llamativa, desde el puesto 23 en el ranking de 2008 al número uno el año pasado. Así, los sorianos, que hace nueve años pagaban 68 euros por sus viviendas, hoy contribuyen con 152,5 euros. La subida es de más del 55%. En Tarragona el incremento ha sido del 31% –de los 103 euros de 2008 a los 148 de 2017–, mientras que en Lérida el crecimiento ha sido menor, aunque la cuota ya era alta en 2008. Así, se presenta un incremento del impuesto del 21,3%, desde los 109 euros a los 139. Incluso en el ayuntamiento con menor cuota tanto en 2008 como en 2017, Vitoria, se ha elevado la cantidad en ese periodo casi un 40%, y sus habitantes han pasado de pagar menos de 25 euros anuales a más de 41 ahora.

En el caso del impuesto local sobre los vehículos, el IVTM, los contribuyentes abonaron una tarifa media en 2017 de 61 euros, frente a los 57 del año 2008. La subida no es tan destacada como en el IBI, pero aún así supone un aumento del 6,6%. Los ayuntamientos que encabezan el ranking por mayores tarifas son San Sebastián (84,5 euros) y Vitoria (75 euros). Ambas capitales vascas tienen diferencias significativas entre ellas. Mientras que la guipuzcoana también se situaba ya en 2008 en la cabeza de la tabla, la alavesa ha subido desde el puesto 34 (se pagaban 56 euros al año) al número dos, con un aumento de más del 24%. Comparten el tercer puesto Ciudad Real, Granada, Huelva, Lérida, Palma, Tarragona, Teruel y Valladolid, con una tarifa menor, concretamente de 68,16 euros al año en 2017.

En cuanto al esfuerzo fiscal absoluto dentro de las capitales de provincia españolas, en un 21% de ellas en 2017 los ciudadanos tuvieron que hacer frente a una cuota de 71 a 80 euros, seguidas por aquellas donde se pagaron de 91 a 100 euros, un 19%. En cambio, en 2008 el esfuerzo fiscal era de 61 a 70 euros en el 29% de ellas, seguidas de las que pagaban de 51 a 60 euros, otro 23%.

Y por otro lado, en el impuesto sobre los vehículos en el 29% de las capitales de provincia sus habitantes hicieron un esfuerzo fiscal en la horquilla de los 61 a los 65 euros el año pasado. En otro 33% con una presión también alta se pagaron en 2017 entre los 56 y los 60 euros.

Los ayuntamientos consiguen el 28% de sus ingresos totales a través del IBI, ya que es un impuesto obligatorio sobre el que la administración local tiene una remarcable capacidad normativa. Este, por tanto, ha sido «el tributo que ha sostenido buena parte de su financiación durante la crisis», explicaba María José Portillo, economista y profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia durante la presentación esta semana del estudio 'Panorama de la fiscalidad local 2018' elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Según sus autores, esa cuantía proveniente del IBI no distingue entre ayuntamientos grandes y pequeños, sino que para todos el denominado Impuesto sobre los Bienes Inmuebles resulta, sin duda, «su principal fuente de financiación». Por ejemplo, para Valencia supone el 69,4% de los ingresos que esperan obtener por todos los tributos locales en 2018, mientras en Ciudad Real aumenta hasta el 78%.

Por tanto, una de las conclusiones del informe es que al ser el IBI el impuesto más importante desde el punto de vista recaudatorio, y que tiene la ventaja de que es anticíclico, no se puede obviar que muchos inmuebles son gravados por este impuesto en el IRPF a través de la imputación de rentas si están a disposición de sus titulares, y también en el Impuesto sobre el Patrimonio. «Por todo ello –demandan desde el REAF–, sería deseable revisar esta situación en el marco de una reforma de la tributación de la riqueza».

La dimensión de la administración local en España resulta menor que en la media de la Unión Europea respecto a su gasto, y en consecuencia sus presupuestos, pues representa un 6% del PIB frente al 11,1% de la UE, señalan el REAF y el Consejo General de Economistas de España. Y es que en nuestro país los ayuntamientos se financian en mayor medida con los impuestos propios que las administraciones locales europeas. En concreto, un 52,9% aquí frente al 38,1% en la UE.

Desde el registro de asesores fiscales explican que esta diferencia se puede deber también a que en otros países hay distintos niveles administrativos que tienen asumidos funciones que aquí tienen los ayuntamientos. «Esto es bueno y es malo a la vez», comenta Luis del Amo, secretario Técnico del REAF: «Es bueno para poder tomar medidas porque tienes a los ciudadanos muy cerca, pero a la hora de poner sanciones, tasas o multas es malo porque cuanto más alejado estés más objetivo eres». Destaca que, en todo caso, poder financiarse con impuestos propios es positivo porque facilita una «mayor autonomía financiera».

Si nos comparamos con diferentes países de la UE, la dimensión de los ayuntamientos en Bélgica, Alemania o Austria es mayor que en España, con un 7,2%, 7,8% y 8,6% respectivamente. Los datos del reciente 'Informe de Expertos sobre la Financiación Local' revelan que la dimensión relativa de la hacienda local española, además de ser menor que la de nuestro entorno, tiene un mayor superávit fiscal (0,5% frente a 0,1%) y un menor nivel de endeudamiento (3,3% contra 5,9%).

Además, se constata que desde la crisis de 2008 se ha producido un fuerte descenso del gasto local en España (-7,7% en términos de PIB), muy superior al de la UE (-1,8%), mientras los ingresos han aumentado a un mayor ritmo (8,3%). Esto ha permitido pasar de una situación de déficit de la hacienda local a mantener un superávit desde 2012 (de -0,5% del PIB en 2008 a 0,5% en 2015).