¿Impuesto de Patrimonio sí o no?

Y eso no sería posible sin la necesaria aportación empresarial. Porque, tal y como nos vemos obligados a recordar, quizá en demasiadas ocasiones, son las empresas competitivas las que generan actividad, empleo y con ello impuestos con los que financiar nuestros servicios sociales. Sin empresa competitiva no hay Estado del Bienestar que valga.

Dicho esto, el Impuesto de Patrimonio, aún vigente en Euskadi, es un tributo que penaliza a ahorradores e inversores y especialmente a la empresa familiar, tanto a sus ejecutivos como a las familias que han apostado por un proyecto propio. Y que ya hacen una importante aportación a la sociedad, generalmente en forma de empresas fuertes y competitivas, arraigadas en Euskadi, que crean puestos de trabajo, salarios e impuestos. Además, son objeto de una 'doble imposición', porque ya pagan el impuesto de renta correspondiente. La suma combinada de ambos impuestos puede alcanzar el 65% del total de sus ingresos.

Esta carga fiscal desincentiva el desarrollo del talento y el liderazgo empresarial en Euskadi, provocando una suerte de 'fuga' en atracción de proyectos con una alta capacidad de arrastre en la economía y el empleo, además de situarnos como territorio 'poco atractivo' en ese sentido. Sin olvidar que quienes optan por establecer su domicilio en regiones fiscalmente más amables se llevan consigo también su aportación vía IRPF, que suele ser mayor que lo recaudado por Patrimonio.

Teniendo en cuenta que estamos hablando de un colectivo superior a los 16.000 vascos obligados a declarar por Patrimonio, deberíamos hacer una reflexión serena sobre la vigencia de un impuesto que, como sabemos, es una 'rareza' en nuestro entorno. Incluso en aquellos países del norte de Europa a los que consideramos referentes en progreso social.

Los datos correspondientes a este último ejercicio indican, asimismo, que algo está pasando. Porque la recaudación de este tributo registra un descenso del 10%. Si con semejante caída las haciendas vascas se mantienen en niveles históricos de recaudación, eso indica que ese impuesto no supone desde luego una de las columnas básicas de nuestro sistema de protección social: suma en torno al 1,2% del total de la recaudación.

Así que, ¿por qué no suprimir algo que ya no está vigente en ningún país de referencia; que deslocaliza el pago directo e indirecto de otros impuestos, además de patrimonios detrás de los cuales, en muchas ocasiones hay proyectos empresariales tractores; que resta atractivo a nuevos proyectos; y que no supone un capítulo imprescindible en nuestro sistema de protección social?

No es un capricho. E insisto en que no se trata de 'bajar impuestos a los más ricos' que, en todo caso, seguirían pagando el tipo marginal de IRPF más alto del Estado, sólo por detrás de Navarra. Simplemente, pensamos que la supresión puede tener un efecto práctico real en la atracción y mantenimiento de un talento clave para nuestra economía, para nuestras empresas y, consecuentemente, para nuestra sociedad en su conjunto.

Ampliar

Desde hace tiempo las rentas altas y sus valedores proclaman las supuestas ventajas (crecimiento de renta y empleo) de reducirles los impuestos. Según su argumento, lo mejor que les puede pasar a los pobres es que les bajen los impuestos a los ricos. En esta búsqueda de impuestos más bajos es el turno del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). El IP grava la riqueza no empresarial, tiene mínimos exentos amplios y tipos bajos. Sólo lo paga el 1,5% de los contribuyentes y la carga es moderada. Con todo, su recaudación dista de ser trivial. En 2018 recaudó 184 millones, suficientes para pagar el 40% de la Renta de Garantía de Ingresos. Según sus detractores el IP es injusto (grava lo ya gravado por el IRPF), ineficiente y puede hacer que los más ricos se deslocalicen. También se señala que en Europa lo han eliminado casi todos los países.

Ciertamente muchos países han eliminado el IP, pero aún lo conservan España, Suiza, Noruega y, parcialmente, Francia e Italia. Luxemburgo grava la riqueza empresarial y Bélgica, desde 2018, la riqueza financiera. En todo caso lo relevante no es lo que hacen otros países, sino si es beneficioso mantener el IP en la CAPV. Si se trata de replicar lo que hacen otros países, a lo mejor hay que empezar a subir muchos impuestos y sancionar con mayor severidad a evasores y elusores fiscales.

En cuando a la eficiencia, el coste es reducido porque los mejor situados no van a dejar de acumular riqueza e invertir por un IP de cuantía moderada. Además, el IP puede incentivar dedicar el capital a usos productivos en vez de suntuarios. En términos de equidad decir que el IP grava lo ya gravado es tan absurdo como decir que el IVA es injusto porque la renta que se dedica al consumo ya ha pagado el IRPF. En realidad el IP mejora la justicia del sistema fiscal. Primero porque grava la mayor capacidad de pago y las ventajas asociadas a la riqueza. En segundo lugar, corrige el infragravamen de la rentas de capital (tipos más bajos en el IRPF, no tributación de las plusvalías hasta que se realicen, exención de las herencias en línea directa, etc.). En tercer lugar reduce la desigualdad y la concentración de riqueza.

El riesgo de deslocalización es la limitación más importante al IP. Sin embargo este riesgo no debe exagerarse. La deslocalización, de producirse, dependerá no sólo del IP sino del conjunto del sistema fiscal. Y en la CAPV casi todos los impuestos son más bajos que en el resto de España. Por otro lado, el coste personal y económico de deslocalizarse puede ser alto y salvo que el IP fuera muy elevado, que no lo es, es poco probable que haya deslocalizaciones significativas. Si las hay, muchas pueden ser ficticias. E incluso cuando son reales, que se vaya una persona no implica que se vaya su actividad económica. En realidad, si para que alguien se quede hay que hacer que no pague impuestos, quizá lo mejor sea que se vaya. Quien argumente que eliminar el IP beneficia a la sociedad debe documentar las deslocalizaciones que ha habido, cuantificar su coste y estimar lo que se ganará eliminándolo. Si no, estaremos hablando de opiniones, no de hechos.

En suma, el IP es un elemento esencial para la equidad tributaria que, a los niveles actuales, es poco probable que tenga costes de eficiencia o induzca deslocalizaciones significativas. Además, aporta recursos no despreciables. Por ello, debe mantenerse. Eso sí, deben revisarse elementos como el control del impuesto, la valoración de los inmuebles (están infravalorados) y el tratamiento de los activos empresariales (evitando que se usen para eludir el IP).