El impuesto unificado de automoción penalizará más los modelos diésel y gasolina

Las aclaraciones no fueron mucho más allá, aunque el hecho de que el futuro gravamen fusionado se vincule a la utilización del coche y, por tanto, a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que registre derivará en una figura tributaria que penalizará –de menos a más–, a los eléctricos, híbridos enchufables, híbridos autorrecargables y los de combustión (diésel y gasolina). Por este orden. Serán estos últimos los que peor parados saldrían de la nueva estructura impositiva, aunque en la actualidad esta imposición más elevada ya existe para los modelos que son los más contaminantes.

El objetivo del ministerio es que «el consumidor no tenga una doble imposición», según la titular de Industria, aunque en ningún momento ha definido la fórmula que finalmente se utilizará. Maroto considera que al existir dos impuestos «restan competitividad a España» en el sector automovilístico. Se trataría de unificar ambas figuras triburarias en una sola, ligada a las emisiones de CO2 de los vehículos.

Hasta ahora, el Impuesto de Matriculación se paga una sola vez y es de carácter estatal. Se divide en cuatro tramos, según las emisiones inferiores o iguales a 120 gramos por kilómetro (g/km), 160 g/km y 200 g/km de CO2, respectivamente. Los que no emiten están exentos. Su recaudación se disparó un 31% el año pasado, hasta los 513 millones de euros, por el auge en las ventas de los vehículos de gasolina, ya que emiten, en muchas ocasiones, más CO2 que los diésel, cuyo 'hándicap' es el óxido de nitrógeno.

Por su parte, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (Circulación), dependiente de cada ayuntamiento, va vinculado habitualmente a la potencia del motor.

Su fusión es una de las medidas incluidas en el plan de apoyo a la automoción, que el Gobierno ha acordado con los agentes del sector, después de los anuncios del propio Ejecutivo que anunciaban «el fin del diésel» y que tensionaron el mercado automovilístico en España.

El plan prevé una inyección de dinero público de 2.634 millones de euros hasta 2025, y de unos 515 millones este año y el próximo. En cualquier caso, su implantación vuelve a depender, como otras muchas medidas que se anuncian en los últimos días, de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras las elecciones generales y de la política del futuro Gobierno.

Solo es seguro que una parte de esos 515 millones ya está contenida en las cuentas públicas de 2018: la de los planes Moves y Movea, el contrato de relevo para la industria manufacturera. Sería posible movilizar 75 millones a través de Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria (CDTI) relacionada con el apoyo a la innovación.

Entre otras partidas, los fabricantes contarían con 1.127 millones de euros «para favorecer que las plantas se adapten a las nuevas tecnologías», en la llegada del coche eléctrico y de vehículos de cero emisiones. «No se prohíbe nada, el objetivo es la neutralidad», ha indicado Reyes Maroto, aunque al mismo tiempo ha aclarado que el futuro pasa por los coches que no emitan CO2. Y en ello va enfocado este plan. Se trataría de impulsar las inversiones, sobre todo las ligadas a I+d+i, con modelos más eficientes.

De hecho, se plantean medidas de estimulo de la demanda, planes de acharramaineto y una implantación de puntos de recarga. La única línea de ayudas públicas para adquisición de vehículos que hay sobre la mesa es el Plan Moves y Movea. Y, por ahora, no se prevé ampliarlas a todo tipo de modelos, como los de combustión, a pesar de la caída de las ventas en los seis últimos meses.