Imaz pide ampliar los derechos de CO2 e Iberdrola, seguridad jurídica en los cambios

Imaz advirtió de que hay inversores y especuladores, conscientes de la estrategia de la Comisión Europea de avanzar más rápido en los objetivos de descarbonización que el resto del mundo, que se están posicionando en el mercado de CO2 «y eso está haciendo que el consumidor eléctrico esté pagando lo que paga».

Asimismo, avisó que si se aprueba el Fondo de Sostenibilidad anunciado por el Gobierno para que todas las tecnologías sufraguen el coste de las renovables, habrá tres problemas en vez de dos: el coste de la electricidad, el coste del gas y el coste de las gasolinas, dado que los operadores repercutirán a los consumidores el coste de dicho fondo.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, abogó por la búsqueda de soluciones «dentro de una regulación ortodoxa» pues, a su juicio, cualquier modificación normativa o regulatoria debe estar encuadrada dentro del «buen hacer ortodoxo de la seguridad jurídica». Santamaría indicó que cuando se han buscado soluciones en el pasado que han ido en contra de la seguridad jurídica se han traducido en preocupación entre los inversores.

La directiva de Iberdrola instó al Gobierno a realizar un análisis de la fiscalidad de la electricidad, teniendo en cuenta que España es el cuarto o quinto país con más componentes fiscales y que más del 50% del precio que llega al consumidor son impuestos.

Entretanto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, apuntó directamente al gas, que ha pasado de costar 5 euros hace un año a 60 euros en la actualidad, como responsable de la subida de la tarifa eléctrica y abogó por buscar medidas para minorar su impacto a la hora de trasladarlo a la factura eléctrica.