En el Ibex también hay elecciones generales

Cuatro presidencias de empresas del Ibex, un consejero delegado y once consejeros que representan al Estado seguirán muy atentos el resultado electoral. El cargo y la generosa remuneración salarial que rodea sus posiciones en estas empresas está vinculado a las urnas.

Redeia, Indra, AENA y Enagas, sin ser empresas públicas puras, forman ese escogido grupo de compañías en las que la influencia del poder político es decisiva para designar a la cúpula directiva. En unos casos, como sucede en Indra, porque el capital público, en este caso con el 28% de las acciones, actúa como accionista de referencia. En otros, como sucede con Enagas, a pesar de que la Sepi tan solo posee el 5%, porque actúa en un mercado regulado y depende de las decisiones del Gobierno. Así que mejor tener un responsable al frente que tenga conexión emocional con el poder político, porque lo contrario puede conducir al desastre de la compañía.

El último en llegar a este elenco de directivos 'elegibles' en las urnas ha sido Arturo González, designado hace poco más de un año consejero delegado de Enagas. Un directivo de larga trayectoria en Repsol al que el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, había nombrado jefe de gabinete y responsable de relaciones institucionales por sus reconocidos lazos con el PSOE.

Sustituyó en el cargo a Marcelino Oreja Arburua, que había accedido al cargo bajo la influencia del Gobierno de Mariano Rajoy y después de que el PP decidiese 'indultar' y mantener en la presidencia a Antonio Llardén. Un indiscutible experto en materia de gas al que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aupó a la cúspide del operador gasista nacional.

El paso de Marc Murtra por Indra no ha pasado desapercibido. El Gobierno no dudó en enfrentarse a un buen número de inversores privados que consideraron un error su nombramiento, al tiempo que los consejeros independientes de la compañía elevaron la voz para impedir que asumiese poderes ejecutivos. Todos ellos han sido cesados o se les ha invitado a dimitir -consejero delegado incluido- y es uno de los relevos que se dan como seguros en caso de un cambio de signo político en el Ejecutivo.

Más discreta ha sido la presidencia de la exministra Beatriz Corredor al frente de Redeia, aunque su aterrizaje en el cargo también estuvo rodeado de un espectáculo de luces y sonido. Las tensiones con la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera precipitaron el desalojo de «otro de los nuestros», el también exministro socialista Jordi Sevilla. En una tesitura similar se encuentra Maurici Lucena, que desde 2018 preside AENA, el operador español de aeropuertos. Una empresa en la que el Estado hizo una especie de simulacro de privatización, porque aunque cotiza en Bolsa tiene en su mano el 51% de las acciones a través de Enaire.

La noche del 23 de julio, con el inicio del recuento de las urnas, también será un momento de nervios para los once consejeros que representan al Estado en estas cuatro compañías. Salvo en el caso de AENA, donde la remuneración de los consejeros apenas asciende a 12.000 euros anuales, en el resto la recompensa es más jugosa y supera los 150.000 euros al año.