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Las cúpulas del Ibex-35 se enfrentan a una oposición creciente a sus retribuciones en las próximas juntas de accionistas. Los inversores cada vez son ... más exigentes y este año apunta a que el tema estrella en los cónclaves de las grandes compañías serán las retribuciones de sus altos directivos y consejeros, señala Carlos Sáez, 'country head' de Georgeson, compañía que asesora a las empresas cotizadas.
En las próximas juntas se mirará que no haya pagos extraordinarios a los consejeros ejecutivos. Una práctica especialmente penalizada en el mercado internacional.
«Un mal desempeño en materia retributiva puede contaminar a los consejeros», advierte el experto. Las cotizadas españolas han hecho un intento de alinear sus políticas retributivas con los estándares internacionales, pero no tiene sentido que compañías que han despedido gente o reciben ayudas del Estado planteen subir la remuneración del primer ejecutivo, matiza el responsable para España de Georgeson.
42,9 por ciento
fueron los accionistas que votaron en contra del informe de remuneraciones de Telefónica en su junta general del año pasado. El Banco Sabadell recibió un voto crítico del 38,4% e Iberdrola del 24,3%.
En las juntas de accionistas celebradas en 2022 se produjeron rechazos históricos y está por ver qué ocurrirá en las que están a punto de iniciarse este año. Así, el informe de remuneraciones de los consejeros de Telefónica de 2021 recibió el año pasado un rechazo del 42,9% de los accionistas, incluyendo el voto en contra del fondo de inversión británico BlacRock. La causa principal del rechazo fue una gratificación extraordinaria de 22,6 millones de euros que se repartieron 156 directivos tras la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido y la venta de las torres de Telxius.
También hubo un fuerte rechazo en la junta del Banco Sabadell del año pasado, cuando más del 38% votó en contra del informe de remuneraciones de 2021. El entonces consejero delegado Jaume Guardiola recibió casi 24 millones por su jubilación y el presidente, Josep Oliú, percibió 9,3 millones tras dejar sus funciones ejecutivas. Por su parte, Iberdrola obtuvo un rechazo que nunca había visto a las retribuciones de su consejo -incluidos los 13,2 millones para su presidente, Ignacio Sánchez Galán-, con la oposición de casi una cuarta parte del voto.
Hace años, las decisiones se aprobaban con muy altos porcentajes de apoyo. Ya no es así y empieza a haber fuertes rechazos. Fernando Gómez-Bezares, catedrático de Finanzas de Deusto Business School, explica que en el siglo XX y comienzos del XXI, la tendencia general era votar con los pies: si al inversor no le gustaba una empresa se iba. Pero a partir de 2010, cada vez más los fondos y los accionistas intentan que la empresa haga lo que ellos creen que debe hacer, de ahí el peso creciente del activismo accionarial.
Criterios ESG
En general, los inversores activistas se preocupan de dos temas: los criterios ESG (medioambientales, sociales y buen gobierno corporativo, por su siglas en inglés) y la rentabilidad. Los criterios ESG «han llegado para quedarse y además ligando a ellos las retribuciones», asegura Carlos Sáez.
También Borja Miranda, director de M&A and Activismo para Europa de Morrow Sodali, considera que los aspectos orientados al ESG o vinculados con la sostenibilidad son, sin duda, el centro de futuras exigencias. La tendencia de campañas de activismo es creciente, -aunque en España no hay tanto impacto como en EE UU, Reino Unido o Francia-, vigilando temas de gobernanza, clima, remuneraciones, estrategia y dividendos.
Gómez-Bezares puntualiza otras cuestiones en las que fijarse: el abanico de remuneraciones, que la empresa cumpla con Hacienda y no haga políticas agresivas de deslocalización de impuestos, y que no tenga conflictos legales con sus clientes o con el Estado.
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