Iberdrola mantiene que Galán no encargó actuaciones ilegales

La tesis que ha ganado cuerpo en el seno de la compañía eléctrica es que estamos ante una especie de tormenta perfecta: la mezcla de algunas actuaciones que quizá no eran muy edificantes -eso se admite-, pero sin llegar a poder ser consideradas como delictivas; supuestos indicios que se han estirado como el chicle y, sobre todo, un ánimo de venganza por parte de algunos antiguos empleados.

La primera línea de defensa del presidente está construida sobre la idea de que no hay indicios que relacionen a Galán con la contratación de Villarejo y sus empresas. Menos aún con encomiendas concretas. Así, recalcan que el único lazo que ha aparecido en la investigación son las referencias al presidente en unas conversaciones de Villarejo con el exjefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo. En ellas, el excomisario le pedía que hablase con «el señorito» para que aumentase la «inversión» -tradúzcase por el importe de la factura-, en los trabajos relacionados con la central de Arcos de la Frontera, en Cádiz.

«Si todo un ministro de Interior dijo en 2015 en el Senado que las actividades del comisario Villarejo con sus empresas eran compatibles con su cargo como policía, ¿tenía que decidir una empresa que no lo eran?». Es la defensa para otro elemento de la causa, el supuesto cohecho impropio por la contratación de un funcionario en activo.

También quitan hierro y peso a la trascendencia que tuvieron los encargos al excomisario y sus empresas. En torno a un millón de euros en un periodo de tiempo en el que el área de seguridad de la compañía realizó contrataciones por importe de 1.000 millones en medio mundo. Era, aseguran, el proveedor número 94 de ese área y no un primera fila.

La venganza sería el pegamento de lo que ha sucedido en los últimos meses. Una actuación en cuyo epicentro se situaría el exresponsable de seguridad de la eléctrica, Marco Peña, que fue relegado a un segundo plano con la incorporación de Galán como consejero delegado de la empresa. El ejecutivo salmantino decidió traerse a Iberdrola a quien había sido su hombre de confianza en esas lides en Airtel, la empresa de telecomunicaciones que había dirigido y que más tarde sería absorbida por Vodafone. Peña, apuntan fuentes conocedoras de la situación, fue apeado de la máxima responsabilidad y sus competencias se redujeron a ser el responsable de la seguridad del entonces presidente, Iñigo Oriol.

Una afrenta que, señalan las mismas fuentes, nunca perdonaría. A Peña y a su ánimo de buscar un punto débil en el presidente se achaca el depósito ante notario del informe elaborado por el responsable de control económico, José Antonio del Olmo. Un informe en el que se argumentaba que se habían falsificado facturas para ocultar los contratos con Villarejo, al tiempo que el exdirectivo también disparaba contra el presidente para dar por hecho que era conocedor del entramado. «Galán es el que corta el bacalao», declaró Del Olmo ante el fiscal que dirige las investigaciones.