Las haciendas vascas estrecharán el control sobre los pagos por Bizum en 2026

La cuestión es que el Gobierno central trabaja en un decreto ley que obligará a las entidades bancarias a informar a Hacienda sobre los ingresos que empresas y autónomos reciban mediante pagos móviles por Bizum. Se trata de una normativa que supone un cambio radical respecto al procedimiento con el que vienen funcionando, ya que con la actual normativa los bancos solo deben comunicar a la Administración una vez al año los cobros que empresarios y autónomos reciben a través de tarjetas de crédito cuando son superiores a 3.000 euros. Con las modificaciones que se anuncian, se elimina este límite y se incluyen los pagos por Bizum, que deberán reportar con una periodicidad mensual.

Una vez que el Estado apruebe esta normativa -y se conozca el texto definitivo-, las haciendas vascas la adaptarán. La nueva información con la que contarán las tres administraciones forales servirá para perseguir a los autónomos y empresas que reciben pagos sin declarar a través de esta vía. Con los datos que reciban, las autoridades podrán iniciar las investigaciones que consideren oportunas para determinar su correcta tributación.

¿Y qué ocurrirá con las transferencias entre particulares? Pues si el texto que prepara el Gobierno sale adelante sin cambios, la mayoría de ciudadanos no se verán afectados. En el conjunto de España, las entidades bancarias solo estarán obligadas a comunicar a Hacienda los casos en los que estos envíos superen los 10.000 euros anuales. La Hacienda vizcaína, en cambio, matiza que «aún no podemos decir nada sobre cifras exentas para particulares». Ahora bien, precisa que «normalmente vamos alineados todos para que las entidades financieras den la misma información a las distintas administraciones».

Las comprobaciones e inspecciones que realice Hacienda recaerán sobre los sujetos pasivos obligados a declarar. Sin embargo, como la tecnología permite identificar el origen de los pagos, podrían darse situaciones en las que se requiera información a los pagadores para que confirmen el motivo y el contenido de las operaciones. En caso de que se detecten infracciones a la hora de declarar estos pagos, la normativa que prepara el Gobierno central contempla la posibilidad de imponer multas que oscilan entre los 600 euros y el 50% de la cantidad recibida.