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El fraude fiscal en la venta de hidrocarburos no es un fenómeno novedoso pero su volumen se ha disparado hasta alcanzar casi los 2.000 ... millones de euros en España. El sector, acosado por la competencia desleal que supone la entrada de diésel muy barato de mano de operadores 'pirata' que no pagan el IVA, urge a que se apruebe un cambio normativo que ya está tramitándose. Mientras, la Agencia Tributaria Española ha intensificado sus actuaciones y ya en mayo requirió información a 400 estaciones de servicio que vendían gasóleo a precios «anormalmente bajos» para extraer datos sobre posibles tramas delictivas. En la misma línea, la Hacienda vizcaína investiga a quince gasolineras en el territorio «para detectar su responsabilidad en las cuotas de IVA que se hayan podido defraudar».
Pero, según coinciden todas las partes, las estaciones de servicio son el último eslabón en esta cadena en la que son los intermediarios los que defraudan a Hacienda y se quedan con el IVA que deberían ingresar en las arcas públicas. Las gasolineras sí pagan el impuesto y su responsabilidad se limita a comprar un hidrocarburo que es excesivamente barato y que les permite competir en condiciones muy ventajosas. Es una responsabilidad, no obstante, que está recogida en la normativa foral en la medida en que «debieran razonablemente presumir» que no se ha pagado correctamente el IVA ante el bajo precio al que lo compran. Fuentes del sector estiman que cuarenta de las 334 gasolineras que hay en Euskadi venden el diésel por debajo del umbral que se estima como mínimo para cubrir los costes de la cotización internacional y las demás cargas. Serían el 16% en Álava, el 15% en Bizkaia y el 8% en Gipuzkoa.
No obstante, la patronal de estaciones de servicio considera que no se debe poner el foco ahí. «Es como si al vendedor de un electrodoméstico le haces responder de si el fabricante paga o no el IVA», señala Nacho Rabadán, director general de la Conferación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES).
Las gasolineras son el último eslabón y el fraude se remonta al principio de la cadena. Comienza con la importación de diésel de países vetados como Rusia e Irán, pero esa procedencia se manipula con cambios incluso en altamar de forma que el combustible entra con una 'falsa bandera'.
Esas importaciones que no soportan el IVA se almacenan en el depósito fiscal. Al extraerlo para su venta es cuando el distribuidor debería repercutir el 21% al comprador (otro comercializador o una gasolinera) y abonarlo a Hacienda, pero en ese punto proliferan los operadores fantasma que se quedan con el gravamen y desaparecen. Para cuando el fisco se percata y trata de seguirles la pista no hay ningún rastro. Este 'modus operandi' permite vender el gasóleo a precios de derribo -se les llama 'truchos'- porque el vendedor ya cuenta con que se queda con el 21%.
Con objeto de poner orden, a finales de 2023 se aprobó una normativa para restringir la venta entre distribuidores, pero eso solo provocó un enorme tráfico de compra de títulos para convertirse en 'operador al por mayor'. Ahora lo tienen 322 sociedades en España si bien unas 200 están inhabilitadas. En Euskadi tienen activa la licencia cuatro operadores y a otros cinco se les ha desactivado. Entre ellas está, por ejemplo, EP Spain 2015, con sede en Barrika y una deuda de 3,5 millones con Hacienda.
El fraude del IVA solo es una parte. Otra vertiente muy preocupante es que los distribuidores 'pirata' no incorporan la cantidad exigida por la normativa europea de biocombustible, por lo que el producto es mucho más barato y contaminante.
La Hacienda vizcaína asegura que está haciendo «un seguimiento continuo de las salidas de combustible de los depósitos fiscales» del territorio y que el año pasado afloró 45,5 millones en una actuación. Pero el sector considera que la única forma de poner coto a este fraude masivo es la enmienda impulsada por PP, PNV, ERC y Junts para que se aplique el sistema italiano de forma que los operadores no puedan extraer el combustible del depósito fiscal sin pagar el IVA.
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