Hacienda enviará una alerta a las empresas si ve que se encaminan hacia la insolvencia

Lo que está claro es que el actual sistema concursal ha resultado un fracaso: los concursos se eternizan (la duración media es de 60 meses) y no son infrecuentes los casos en los que la insolvencia de un deudor provoca la de los acreedores. Por si fuera poco, más del 90% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, no en convenio.

Por eso, la directiva tiene tres objetivos: garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a una reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas y una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia y la duración de los procedimientos.

Entre las novedades de la norma se encuentra un sistema de alerta temprana a las empresas que pudieran encontrarse en una situación de «probabilidad de insolvencia», de acuerdo con determinados indicadores. Estos avisos serán confidenciales y se enviarán exclusivamente a la empresa. Bruselas obliga a que se implante una alerta temprana antes de que los problemas financieros se manifiesten de forma clara, pero el Gobierno decide cómo. En el anteproyecto de reforma de la ley concursal el sistema se encomienda a Hacienda, aunque está poco definido.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) valora positivamente la alerta temprana aunque critica que sea Hacienda la encargada de hacerlo. «Esta fiscalización nos da un poco de miedo», señala Diego Monasterio, presidente de Aspac. También Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, considera que esa detección temprana «no va a funcionar». Desde el Refor habían ofrecido un «semáforo de insolvencia», semejante a un test de estrés, que las empresas cumplimentarían cuando pidieran un crédito de refinanciación, al solicitar subvenciones o acudir a una licitación. Robles destaca que el test tiene un 96% de fiabilidad para detectar insolvencias. Asimismo, desde la asociación de autónomos ATA defienden que la alerta temprana no sea competencia exclusiva de Hacienda.

Uno de los puntos más polémicos es el procedimiento simplificado creado para las microempresas (menos de 10 trabajadores y menos de dos millones de euros en ingresos) y que será el aplicado en más del 80% de los casos.

El anteproyecto justifica este procedimiento especial por la ineficacia de los actuales. Las microempresas suelen acceder al procedimiento concursal cuando su situación financiera se ha deteriorado tanto y queda tan poco valor en la empresa que cualquier solución reorganizativa resulta ya poco viable. Y subraya que el concurso tiene unos costes muy altos, a veces mayores que el valor que queda en la empresa. Por ello se habilita un procedimiento especial en el que no intervendrán ni abogados ni procuradores, ni administrador concursal ni experto en reestructuración, ni el juez excepto si hay litigios, para determinadas funciones o si lo solicitan las partes y asumen el coste. En este contexto, la reforma permite que sea el deudor quien liquide la masa activa. El Gobierno lo justifica por la previsibilidad de que incluirá pocos activos y su liquidación debería resultar sencilla a través de la plataforma de liquidación que se creará, de acceso gratuito y universal.

Pero los expertos no lo ven así. El presidente de Aspac recalca que el procedimiento especial «prescinde absolutamente del administrador concursal y crea a los acreedores una total inseguridad jurídica porque los deja en manos del deudor, que va a gestionar su propia deuda. Eso no se da en ningún país del mundo» «No se va a examinar la contabilidad del deudor. Es absolutamente necesario que haya un vigilante, un supervisor y ese debe ser el administrador concursal», recalca Monasterio.

Tampoco los empresarios ven fácil este sistema. Carlos Piñero, director del área jurídica de ATA, explica que se deja toda la carga del proceso sobre el deudor y es «impensable e inviable» que el autónomo pueda abordar este procedimiento solo, sin ayuda externa, por lo que reclama que se aplique la justicia gratuita. Para ATA, el anteproyecto «es insuficiente». «Se puede perder una oportunidad única en un momento crucial», alerta Piñero.