La Hacienda de Bizkaia admite que hay fuga de contribuyentes por el Impuesto de Sucesiones

Iruarrizaga realizó esta reflexión en el transcurso de una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia de carácter doble. De un lado, para exponer el programa de legislatura de su departamento; y de otro, para explicar las razones que habían llevado a la Diputación a emitir un decreto en agosto que modificaba aspectos sustanciales del IRPF y que suponía una rebaja inmediata de la fiscalidad de los jugadores del Athletic.

En su exposición inicial, el responsable del fisco vizcaíno tan solo se había referido al compromiso que existe entre el PNV y el PSE para analizar a lo largo del año 2020 las consecuencias de la última reforma fiscal, que tuvo una especial incidencia en la rebaja del Impuesto de Sociedades. Para hacer una mención de pasada a la necesidad de analizar el Impuesto de Sucesiones. Fue en su segunda intervención, tras ser interpelado por los portavoces de la oposición, cuando Iruarrizaga desveló que las razones de su propuesta están ligadas a la salida de contribuyentes. Algo que sucede en Bizkaia pero que, previsiblemente, es extensible a los otros dos territorios de la comunidad autónoma.

No hay datos oficiales -Iruarrizaga tampoco los dio ayer-, pero todo apunta a que el efecto combinado del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones provoca una deslocalización de contribuyentes. Son, precisamente, los ciudadanos con rentas más elevadas, que buscan acomodo principalmente en la Comunidad de Madrid, donde están exentos de Patrimonio y donde existe casi una exención total en Sucesiones en primer grado. Esto es, en las que afectan a herencias entre padres e hijos. En los últimos años se han producido fugas de algunos contribuyentes significativos, con un alto poder adquisitivo.

El problema suscitado en los últimos meses y que ha agravado la situación radica en que ya no es solo Madrid la comunidad autónoma que está en posición de atraer contribuyentes vascos, sino también Castilla y León y Andalucía. Estas dos últimas regiones, controladas asimismo por el Partido Popular, se han apuntado también a las exenciones en el Impuesto de Sucesiones, con una presión fiscal notablemente más baja que la que existe en Euskadi. Al igual que Madrid aplican una rebaja del 99% a la valoración de los bienes que se transmiten.

Así, por ejemplo, para una herencia de 2,8 millones de euros de valoración, estas comunidades aplican un impuesto que no supera los 6.000 euros frente a los 42.000 que tendrían que pagar los herederos en el País Vasco en las mismas circunstancias. La normativa vigente en Euskadi considera exentos los primeros 400.000 euros, pero aplica el 1,5% de tipo de gravamen para el resto.

Los responsables institucionales vascos confiaban en que un cambio de color político en el Gobierno de la Comunidad de Madrid provocase un endurecimiento de su fiscalidad, pero esto no ha ocurrido. Tradicionalmente, el País Vasco había sido una comunidad atractiva desde el punto de vista fiscal, precisamente por su tratamiento favorable del Impuesto de Sucesiones. La última reforma, sin embargo, eliminó la exención total que había existido para las herencias entre padres e hijos.

Y el problema para las haciendas vascas no es solo la recaudación del Impuesto de Sucesiones que se puede perder por estas fugas, sino el conjunto de tributos que se dejan de percibir. La deslocalización únicamente puede interesar a contribuyentes de rentas y patrimonios elevados. Su 'emigración' a otro territorio fiscal supone, como efectos inmediatos, la pérdida de recaudación de su IRPF -generalmente elevado-, también del ingreso de Patrimonio y, por último y más difícil de cuantificar, el IVA que dejan de generar porque ya no consumen en el País Vasco.