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Los grupos Marina Meridional y A&M, cuyas ofertas quedaron descartadas en la subasta de los terrenos del astillero La Naval de Sestao al haber ofrecido menos dinero que la compañía belga VGP, se han aliado para intentar presionar a los nuevos propietarios y poder ... desarrollar su propio negocio. Ambas empresas hicieron público ayer un comunicado en el que aseguran que tienen un proyecto en común que devolvería la construcción naval a las instalaciones y que crearía 600 puestos de trabajo en los próximos cinco años.
La jueza de lo Mercantil que gestiona el proceso de liquidación de los antiguos terrenos de La Naval adjudicó las instalaciones -la zona, los pabellones industriales y la maquinaria pesada- a la promotora belga VGP. La firma, que cotiza en Bolsa y tiene unos beneficios anuales superiores a los 350 millones de euros, está especializada en la promoción de parques logísticos. VGP, sin embargo, está obligada a destinar al menos la mitad de la superficie de La Naval a actividades industriales. Una obligación que viene derivada de las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Sestao.
Tanto Marina Meridional como A&M han asegurado que quieren desarrollar en este emplazamiento actividades ligadas a la construcción de barcos, también de reparaciones, así como otras que están relacionadas con la generación eólica marina y los proyectos ligados a la tecnología del hidrógeno que están en plena fase de maduración.
Ambas empresas ya han aclarado que su proyecto se encuentra a la espera de alcanzar un acuerdo con VGP -se entiende que de alquiler o de venta de una parte del terreno-, para que pueda ser efectivo. En su estrategia de presión sobre los nuevos propietarios, ambas firmas también presentaron alegaciones ante el juzgado de lo Mercantil para intentar evitar la adjudicación a VGP, al tiempo que han recurrido la decisión de la jueza. Una maniobra que fuentes cercanas a la operación interpretan como un intento de poner dificultades a la firma belga para obligarle a alcanzar un acuerdo. La resolución del juzgado sobre el último recurso presentado por estas firmas tardará aún algunos días en conocerse. Mientras tanto, fuentes consultadas por EL CORREO aseguran que VGP ya ha depositado en el juzgado los 12 millones de euros que corresponden al tercio exigido como anticipo del importe total que debe abonar para asumir la propiedad del antiguo astillero -36 millones-.
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