La gran industria advierte de un sobrecoste de 2.650 millones por el fondo 'verde' de Ribera

Desde que el Gobierno anunció la creación de este instrumento para que las eléctricas no sean las únicas en financiar la factura de las renovables, se han sucedido las quejas. Así, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, criticó que «el fondo es para pagar las fiestas de las eléctricas y sus dividendos» mientras que el presidente de esta compañía, Antonio Brufau, censuró que «quiebra el principio de neutralidad tecnológica» y «confunde erróneamente electrificación con descarbonización».

Ahora toda la industria se ha unido, a través de su plataforma Alianza por la Competitividad, para levantar la voz, antes de que se apruebe definitivamente el fondo. El texto de anteproyecto de Ley para su creación fue remitido al Consejo de Estado el pasado 30 de abril y se está a la espera de su dictamen. Según sus cálculos, si finalmente se aprueba tal y como está redactado, el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones, explican en el Manifiesto. Este impacto lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.

La Alianza por la Competitividad de la Industria alerta de que el sector industrial «ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país». Este aumento adicional de los costes a medio plazo dificultaría gravemente la recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español. «El impacto previsto de la iniciativas legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica», aseguran las asociaciones firmantes.

Aunque el texto del anteproyecto de Ley del FNSSE expone un régimen de compensaciones con que el objetivo de paliar el posible impacto en los diversos sectores, dicho régimen se aplicaría tan solo a un limitado número de éstos, excluyendo al 80% de la industria productiva y exportadora española y generando un «sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía», según se desprende del documento.

Además, los firmantes advierten de que el régimen de compensaciones por esos cargos excesivos previamente abonados provoca «una imagen falsa de industria subvencionada y quedan en permanente riesgo de desaparición si son consideradas ayudas de Estado por Europa». Recuerda que la industria española es responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa y que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos.

Aunque se muestra a favor de descargar la factura eléctrica de esos costes vinculados a las renovables y los residuos, considera que no se deben repartir entre otros sectores sino que deben ser trasladados íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado. De no ser así, añaden, se deberían establecer exenciones completas para los sectores industriales.