Gortázar cierra el debate e insiste en que CaixaBank seguirá «indefinidamente y sin plazos» en Valencia

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Lucas Irigoyen

Así, ha recordado que en 2022 se culminó la integración de Bankia que ya tenía la sede en Valencia y «decidimos que lo adecuado era fijar ahí la sede». Aun así, ha recordado que el banco cuenta con importantes estructuras de gobierno en Madrid y Barcelona y que él mismo es en la capital catalana «donde paso más tiempo». Allí, ha insistido, nuestra presencia es adecuada y el negocio es muy importante.

El mensaje lo ha lanzado, precisamente desde Valencia, en la sede del banco, en la presentación de los resultados de 2024 que han generado unas ganancias históricas para la entidad de 5.787 millones. Pero, por primera vez ha sido una comparecencia en la que no ha estado el presidente. Hasta ahora, este acto había contado con la asistencia e intervención de José Ignacio Goirigolzarri que dejó el cargo el ejercicio pasado. Su sustituto, Tomás Muniesa, no ha estado presente.

Gortázar ha explicado que ha sido una decisión que se debe al carácter no ejecutivo de la nueva presidencia. Es precisamente esta una de las cuestiones que la entidad señaló en el cambio de figura y en la que viene insistiendo también el Banco Central Europeo (BCE) para que los presidentes de los bancos limiten su papel al apartado institucional y la relación con los accionistas.

Sobre la otra gran cuestión del sector financiero, la opa de BBVA a Sabadell, el consejero delegado de CaixaBank ha mantenido la posición de no realizar valoraciones, pero sí ha aclarado que «hay espacio» para fusiones en el mercado en España. Según ha explicado, la concentración de entidades está por debajo de la media de la zona euro. Eso sí, sobre su entidad, que ha protagonizado la operación más importante en España con Bankia en los últimos cinco años, ha dicho que «no necesitamos más fusiones».

Sobre el impuesto a la banca, el primer ejecutivo de CaixaBank ha confirmado la intención de la entidad de recurrir a los tribunales el tributo que aprobó 'in extremis' el Congreso de los Diputados y que hace permanente el gravamen. Gortázar ha insistido en que «es un impuesto al crédito» y provoca que «préstamos a instalaciones solares en Francia puedan ser más atractivas que en España».

«No encaja -ha insistido- y nuestra obligación es recurrirlo». Además ha criticado la forma en que se tramitó, sin debate, ni análisis. En un momento, además, «en el que las inversiones empresariales no estaban pasando un buen momento».