Los gobiernos central y vasco se reunirán el martes para repartirse los nuevos impuestos

Los gobiernos central y vasco han pactado reunir el próximo martes la Comisión Mixta de Concierto, en un encuentro que tendrá una notable trascendencia económica y también política. El objetivo será formalizar el acuerdo de reforma del Concierto para incorporar en él la concertación del Impuesto sobre Grandes Fortunas. También, ambas administraciones harán oficial el pacto mediante el cual las arcas públicas vascas recibirán una parte de la recaudación que va a obtener el Estado gracias a los nuevos gravámenes -técnicamente «prestaciones»- que se van a aplicar a las empresas energéticas y la banca y que hoy recibirán el visto bueno definitivo del Senado.

La reunión de la Comisión Mixta, a la que asisten también los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, se realizará por videoconferencia y no con carácter presencial como es costumbre. La premura de tiempo con que ha sido convocada y la dificultad para cuadrar las agendas de los responsables institucionales lo ha aconsejado así. Los acuerdos, sin embargo, ya se han cerrado en los contactos previos que han mantenido durante las últimas semanas los negociadores del Ministerio de Hacienda y del departamento de Economía del Gobierno vasco, que dirige el consejero Pedro Azpiazu. Aunque no se ha dado a conocer todavía su contenido concreto -se hará público el martes tras la reunión-, la Comisión Mixta se reúne ya con todo el trabajo de negociación pactado. El acuerdo de la Comisión, que implicará la necesaria reforma del Concierto Económico, será remitida con posterioridad al Parlamento, que deberá votarlo como proyecto de ley de artículo único.

El PNV reclamó que los nuevas «prestaciones» impuestas a banca y energéticas tuviesen la categoría de impuestos, porque de esa forma tendrían cabida en el Concierto Económico. No ha sido así pero, al menos -una enmienda de EH Bildu respaldada por el PSOE caminaba en el mismo sentido- han conseguido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez admita compartir la recaudación. Un extremo que ya ha levantado sonoras protestas desde el resto de comunidades autónomas, ya que por el momento el Gobierno no ha concretado si habrá un reparto de ese dinero entre el resto de las administraciones regionales.

Por otra parte, la Comisión deberá dar el primer paso para aclarar la situación del Impuesto sobre Grandes Fortunas que, con toda seguridad, va a requerir la elaboración de una norma foral en las tres diputaciones. Al margen de las cuestiones legales, existe un trasfondo político ya que inicialmente PNV y PSE se inclinaban por no aplicarlo en el País Vasco, pero el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, aseguró la pasada semana que su partido lo va a exigir. La aprobación de la normativa foral para este impuesto exige que ambos partidos, PNV y PSE, se pongan de acuerdo. Aproximadamente medio millar de contribuyentes vascos -aquellos que declaran patrimonios con un valor neto superior a los 10,5 millones de euros- están afectados por la decisión definitiva que se vaya a adoptar.

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