El Gobierno vasco reclama un socio industrial para Celsa

Tapia ha confirmado que esta misma mañana ha mantenido una conversación telefónica con el Ministro de Industria, Héctor Gómez, para trasladarle la «necesidad de mantener la actividad» del fabricante de hierros corrugados, principalmente para la construcción, que tiene las plantas vascas de Nervacero en Bizkaia y otras dos en Álava con un total de 400 trabajadores.

La operación está pendiente de la autorización del Gobierno de España, según el decreto 'anti-opas' al afectar al 100% del accionariado de una empresa considerada de interés estratégico. Los propietarios de Celsa, la familia Rubiralta, acumularon una deuda de más de 1.300 millones de euros que, según sentencia judicial, da derecho a los acreedores -capitaneados por Deutsche Bank, y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor Capital- a hacerse con la compañía.

Tapia ha confirmado que comparte la posición con el ministro de Industria de priorizar la actividad y el empleo de las plantas de Celsa y ha señalado que la mejor manera de hacerlo para el futuro es la inclusión de ese socio industrial para el que no ha descartado que sea la propia familia Rubiralta u otro «grupo local que estamos buscando porque hay interesados».

Para la responsable de Industria del Gobierno vasco, esta fórmula es la mejor garantía para mantener la actividad que emplea a cerca de medio millar de trabajadores en Euskadi cuando los fondos vendan su parte, «porque el objetivo de esos agentes es ese», ha indicado.

Los fondos, de todos modos, ya habían anunciado su disposición a dar entrada a ese socio tras el nombramiento como presidente del consejo de administración de Rafael Villaseca, exconsejero delegado de Natury y un nombre con tradición en la gestión industrial que busca trasladar esa apuesta.