El Gobierno vasco puede perder 1.400 millones de euros en ingresos este año

Las diputaciones ya han hecho los primeros cálculos para aproximarse a la realidad económica de las instituciones, como consecuencia del parón de la economía derivado de la pandemia del Covid-19. Así y con las estimaciones de caída del PIB en torno a un 3,6% para este año -una estimación claramente optimista-, las diputaciones pueden ingresar 2.000 millones menos de lo previsto, lo que supone un revés de 1.400 millones para el Gobierno vasco. Una cifra contundente que supone el 12% de su Presupuesto de gastos para 2020.

El dato lo ha aportado hoy el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en una comparecencia telemática en las Juntas Generales de este territorio, al evaluar el impacto económico que puede tener esta crisis. Pero Rementeria también ha advertido que dicho impacto puede ser mayor si se supera, como parece, la estimación de retroceso del PIB vasco. Hay que tener en cuenta que el trabajo realizado por el Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico tomaba como base un parón económico de un mes. Todo apunta ya a que ese frenazo va a llegar previsiblemente a los dos meses; que las actividades que están en marcha lo están al ralentí; con muchos ERTEs en proceso de preparación para los próximos meses y con una recuperación dudosa en muchos sectores de aquí a finales de año.

Ese revés en la recaudación de impuestos –a menos creación de riqueza corresponde también una menor generación de recursos públicos-, puede colocar al Gobierno vasco en una situación parecida a la que se vivió en 2009, cuando el impacto de la crisis económica se hizo evidente. En aquel ejercicio, el primer año del lehendakari Patxi López, el déficit público escaló hasta los 2.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que para 2020 Lakua había previsto tener superávit, más ingresos que gastos.

Estas estimaciones revelan que el equipo liderado por Urkullu va a tener enormes problemas para manejar el gasto –también diputaciones y ayuntamientos por añadidura- y que los 850 millones de euros de emisiones de deuda que estaban previstos se van a quedar muy cortos. El consejero Azpiazu, en su última comparecencia, apuntó que el Ejecutivo iba a tirar de los remanentes del pasado ejercicio –poco más de 300 millones de euros- y también de una reorganización del Presupuesto. ¿Qué significa esto? Pues que el gabinete de Iñigo Urkullu se verá obligado a realizar recortes en algunos gastos que no sean prioritarios y que puedan aplazarse o incluso anularse, para atender lo que sí resulte urgente. Azpiazu fijó como prioridades la atención al incremento en el gasto sanitario que se va a producir como consecuencia de la pandemia y también la ayuda a autónomos y pymes, para intentar superar el bache de ingresos que ya están sufriendo.