El Gobierno vasco presiona al central para ampliar los 525 millones de créditos

El Gobierno vasco lanzó estos avales en condiciones muy ventajosas, con tipo de interés cero -está subvencionado-, con unos costes de formalización marginales y la amortización a cinco años. Un arma magnífica para combatir el bache de ausencia de ingresos que afecta a la mayor parte de pymes y autónomos en Euskadi desde la declaración del estado de alarma, pero que se quedo muy corta en su 'capacidad de fuego'. Esos 525 millones de euros, ahora que tan sólo acaban de comenzar los problemas de tesorería, se han quedado cortos.

El Departamento de Economía que dirige el consejero Pedro Azpiazu se ha mostrado dispuesto a ampliar los avales, pero quiere reducir su riesgo. Esto es, la respuesta que debería dar el Presupuesto público en el caso de que los créditos resulten fallidos y que quienes han recibido el dinero no lo devuelvan. La línea de trabajo abierta está centrada precisamente en Cesce, una sociedad de garantía similar a Elkargi, pero de titularidad pública estatal, a quien se quiere implicar en el lanzamiento de una nueva línea. ¿Hasta dónde puede llegar esa ampliación? Nadie aventura cifras.

Por otra parte, el Gobierno vasco amplió ayer los detalles de su nuevo plan Bideratu, destinado a conceder subvenciones a pequeñas y medianas empresas que como consecuencia de la actual crisis corran un peligro real de entrar en quiebra. El gabinete de Iñigo Urkullu, sin embargo, tan sólo ha dotado este programa con 20 millones de euros, lo que da idea de que su efectividad será realmente limitada y el número de empresas a salvar, también.

Estas ayudas se enmarcan dentro de los planes excepcionales que ha aprobado la Unión Europea en marzo para hacer frente a las consecuencia de la pandemia en su vertiente económica y que permiten abrir la mano en algo en lo que Bruselas suele ser inflexible: la concesión de ayudas de Estado a empresas para compensar sus pérdidas. «Existen algunas empresas cuya adaptación está siendo solo de forma parcial, e incluso otras que, aun habiendo sido capaces de reconducir su situación en términos de competitividad, mantienen una serie de desequilibrios operativos o financieros que condicionan sus posibilidades de viabilidad a medio y largo plazo», señaló ayer una nota del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco que dirige la consejera Arantxa Tapia.

Esos 20 millones irán destinados a compensar los flujos de caja negativos de este ejercicio de esas empresas en peligro de desaparición, si bien se exige que tenga un plan de viabilidad y que el mismo cuente también con el respaldo de las fuerzas sindicales.