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El proceso para contratar el suministro eléctrico de 854 edificios propiedad del Gobierno vasco, para el año 2019 y previsiblemente también para 2020, se está convirtiendo en un laberinto tan complejo como las elecciones a la presidencia del Athletic. Un mar de idas ... y venidas, marchas atrás, trufado con algo de polémica. La última decisión del Ejecutivo vasco ha sido prescindir del proveedor que le había hecho la oferta más barata en dos de los seis lotes que salían a concurso, pese a que el informe inicial de la mesa de contratación aconsejaba su adjudicación. La firma zaragozana Syder Energía Verde, que había quedado como la mejor posicionada para acceder a contratos valorados en 16,3 millones de euros, ha sido descalificada tras presentar la última documentación. La mesa de contratación ha verificado que la firma no tiene «la solvencia financiera y técnica requerida»
Por si fuera poco el baile de empresas que se ha producido en este proceso, la empresa Gas Natural, que había resultado adjudicataria de tres de los seis lotes por un valor de 24,5 millones de euros, ha decidido retirarse en circunstancias un tanto extrañas. Inicialmente, Gas Natural había presentado la oferta más competitiva en tres lotes. La selección era sencilla ya que el Gobierno vasco había decidido centrar exclusivamente en el precio los criterios de adjudicación. Así, la oferta más barata sería la ganadora. Pese a ello, los precios significativamente bajos que había ofertado Gas Natural -lo mismo había sucedido con la zaragozana Syder-, despertaron dudas en los técnicos del Gobierno, que pidieron explicaciones a la empresa. Algo así como una verificación de que no se habían equivocado en la oferta y que eran capaces de mantenerla. Gas Natural respaldó su oferta cuando el Gobierno le expresó sus dudas, lo que le permitió aparecer como el adjudicatario seleccionado para esos tres lotes. Apenas unos días más tarde de que la mesa hiciese su selección de empresas adjudicatarias, Gas Natural remitió un escrito en el que rectificaba, admitía que se había equivocado al realizar la oferta y renunciaba al contrato.
El caso de Syder había despertado muchas más reticencias, ya que la firma zaragozana no tiene presencia alguna en el mercado vasco -al menos de una forma directa-, tampoco tiene oficinas comerciales y su estructura es realmente pequeña. A finales de 2017 la empresa declaraba tener tan sólo seis empleados y haber obtenido una facturación total en ese ejercicio de 18,1 millones de euros.
Aunque la solvencia financiera y también la técnica son criterios previos para optar a la adjudicación -hay que cumplir las exigencias en esa materia para poder presentarse-, lo cierto es que la Administración tiende a revisarlo a posteriori y sólo en el caso de las empresas que resultan adjudicatarias. En esta ocasión, como criterio de solvencia técnica se exigía que la firma hubiese tenido una facturación de 1,5 veces el contrato al que aspiraba, a lo largo del último ejercicio. La solvencia técnica radicaba en demostrar que en los últimos años había tenido algún contrato por un importe de al menos el 70% del valor del que estaba ahora en juego. Fuentes del Gobierno aseguraron ayer a EL CORREO que Syder no ha podido acreditarlo.
Finalmente, en el reparto de este contrato, la firma EDP Comercializadora, que tiene su sede en Bilbao, se ha llevado cuatro de los seis lotes, por un valor de 32,4 millones. El resto del contrato, estimado en 26,4 millones, se ha adjudicado a la firma catalana Nexus.
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