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De forma paralela al procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao para la adjudicación de los terrenos del antiguo astillero La Naval de Sestao, se ha iniciado también un movimiento para presionar al futuro dueño sobre las actividades ... que se desarrollarán en el emplazamiento. Así, portavoces del Gobierno vasco y de los partidos que lo sustentan, PNV y PSE, han mostrado su deseo de que la multinacional belga VGP destine los pabellones que se construirán a actividades industriales y no sólo a funciones logísticas de almacenaje y reparto de mercancías. La logística es el negocio clave en las actividades de promoción, venta y alquiler de naves que desarrolla esta compañía en varios países.
La empresa presentó la mejor oferta en la fase de liquidación del astillero, para hacerse con el lote en el que estaban incluidos los terrenos y la maquinaria pesada. Su oferta de 36 millones de euros ha resultado imbatible y ha sido seis millones superior a la siguiente. Las principales propuestas que se presentaron -algunas de firmas locales- están respaldadas por grupos dedicados a la promoción inmobiliaria o de pabellones. Las dos únicas en las que se puede suponer una actividad industrial -los ofertantes no tenían que desvelar sus intenciones- corresponden a las firmas Prenaval y Marina Meridional. La primera de ellas -del mismo grupo que el Hotel Naval, ahora en concurso y exsocios del empresario asturiano Manuel del Dago- ofertó tan solo 24,5 millones de euros y Meridional aún menos, 23 millones.
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Mientras tanto, un portavoz del grupo VGP aseguró este miércoles que la empresa prefiere mantener silencio hasta que el juzgado de lo Mercantil de Bilbao que tutela el proceso haga firme la adjudicación. Al tiempo que se remitió a su comunicado emitido el martes, en el que hacía referencia a su intención de propiciar actividades industriales en los terrenos del antiguo astillero. Lo cierto es que la normativa urbanística de Sestao le obliga a ello, porque impone que el 51% de ese terreno se dedique a industria, lo que hará imposible para VGP eludir ese condicionante. De hecho, desde el Ejecutivo y también dirigentes de PNV y PSE recordaron este matiz.
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, afirmó que el Ejecutivo de Vitoria «apoyará y ayudará» a la empresa que resulte adjudicataria «para que haya actividad y se genere empleo», además de recordar que el gabinete hubiese preferido un nuevo propietario con un plan industrial y no un grupo dedicado a promocionar parques empresariales, como es el caso.
Por su parte, la presidenta del PNV vizcaíno, Itxaso Atutxa, se refirió a la evidencia de que en este proceso el «administrador concursal ve números y la oferta más elevada económicamente era ésta», pero dejó abierta la puerta a que las obligaciones legales urbanísticas «permitan» que un porcentaje de la actividad sea industrial. La razón de preferir una actividad u otra la relacionó con que «el número de empleados por utilización de superficie es mayor en el caso industrial», además de proporcionar unos puestos de trabajo con remuneraciones más elevadas.
El PSE también mostró su deseo de convencer a VGP sobre el destino industrial de los terrenos. La vicelehendakari, consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y líder del partido en Euskadi, Idoia Mendia, reconoció que su pretensión es trasladar a la empresa adjudicataria de los terrenos de La Naval la necesidad de generar «cierta actividad industrial» en la zona, un área «muy castigada» y «prioritaria» para el Ejecutivo vasco.
Mientras, el Foro Marítimo Vasco señaló este miércoles que alguna de sus empresas se dirigirá también a VGP para negociar el traspaso de una parte de los terrenos. Por último, el sindicato ELA mostró su «más profundo pesar» por la pérdida de la construcción naval en el emplazamiento y señaló al Gobierno vasco como responsable de lo sucedido «por la ausencia de una política industrial».
«Queda el derecho al pataleo y poco más», aseguró este miércoles a EL CORREO un experto judicial en asuntos mercantiles, al recordar que en esta fase de la liquidación se produce un «auténtico desguace de los activos de la empresa y sólo se atiende al precio ofertado. No hay otra consideración».
Olga Ahedo, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, había ampliado hasta en tres ocasiones los plazos para la presentación de ofertas como 'unidad de negocio'. Pero nadie presentó jamás una propuesta, porque existía una demanda judicial de ELA, CAT y CC OO que se habían opuesto al despido de los 170 trabajadores del astillero. Pese a que la administración concursal y el Gobierno vasco advirtieron a los sindicatos de que ello podía frustrar la continuidad del astillero -como así ha sido-, persistieron en su estrategia. El Supremo desestimó finalmente su demanda, pero ahuyentaron a los inversores. Era la primera fase del proceso de liquidación concursal y en ella se busca transmitir la compañía como un todo -activos tangibles, intangibles e incluso cartera de pedidos-, para preservar precisamente la continuidad de la actividad. En esa primera fase, «sí es posible ponderar los aspectos de generación de actividad y el mantenimiento del empleo. Ahora ya no».
Cerrada la primera fase sin ofertas, se abrió la segunda: un despiece de los activos de la empresa en lotes, para ser ofrecidos por separado y al mejor postor. «La ley establece que en esta fase de auténtico desguace -señalan fuentes judiciales-, tan solo se puede atender al mero precio de las ofertas. Aquí ya el único objetivo que se busca es resarcir en la medida en que se pueda a los acreedores», resumen. La Naval dejó 120 millones de euros de deudas a 400 compañías y la firma ganadora, VGP, pagará 36.
Este esquema, conocido por todos los abogados que asesoran a empresas en estas 'subastas' de empresas quebradas, «deja muy poco margen para el recurso, salvo que se hayan cometido defectos formales en el procedimiento», concluyen los expertos.
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