El Gobierno vasco y las diputaciones podrán aumentar su deuda en 864 millones

La Comisión Mixta de Concierto, celebrada este jueves en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, se convocó 'in extremis' el miércoles, después de que el lehendakari Urkullu condicionase su presencia en la conferencia de presidentes que se celebra hoy en Salamanca al cierre de asuntos pendientes que llevaban muchos meses sobre la mesa. Los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales estaban ya en vigor desde el 1 de enero y la Comisión Arbitral, encargada de dirimir los conflictos entre haciendas, llevaba tres años paralizada.

De cara al Presupuesto del Gobierno vasco del próximo año, el mensaje es claro. Aún se permitirá un cierto nivel de desajuste en las cuentas, aunque ya bastante limitado, para permitir que la inyección de dinero público impulse la recuperación de la economía. En la actualidad la deuda del Gobierno vasco se sitúa en casi 11.000 millones de euros, pero todavía crecerá más hasta el final del ejercicio. «Estas cifras nos van a permitir diseñar unos presupuestos expansivos con fuerte inversión pública, de cara a salir cuanto antes de esta crisis y lograr la transformación socioeconómica que Euskadi necesita», señaló Azpiazu al término de la reunión.

En el encuentro se dio también un movimiento clave, que obligará a reformar el Concierto Económico para incluir el reparto de dos nuevos impuestos que ya producen efectos recaudatorios. Se trata del de transacciones financieras y del de servicios digitales. El primero grava la compra de acciones de empresas cotizadas que tengan un valor superior a los 1.000 millones. Y el segundo grava las operaciones a través de portales digitales realizados por compañías extranjeras, que tributarán a partir de ahora un 3% cuando los clientes se sitúen en territorio español.

Azpiazu dijo este jueves que las arcas públicas vascas esperan recaudar 220 millones con estos dos nuevos impuestos, cuya primera liquidación -correspondiente a las operaciones del primer semestre- se realizará este mes. El de transacciones financieras supone un 0,2% de la compra de acciones y las diputaciones recaudarán lo que corresponda a las sociedades cotizadas que tengan su sede social en el País Vasco. En la actualidad hay una decena de compañías afectadas por este nuevo impuesto, aunque la lista se modificará anualmente en función de si superan o no los 1.000 millones de euros de capitalización bursátil.

La decisión introduce una nueva variable en el panorama empresarial y cobra más importancia si cabe el arraigo en el País Vasco de grandes firmas cotizadas, porque ello tendrá una incidencia directa en los recursos públicos disponibles. Así, por ejemplo y a corto plazo, tendrá un efecto negativo sobre la recaudación de la Diputación de Bizkaia la anunciada exclusión de Bolsa de Euskaltel tras la OPA lanzada por MásMóvil.

En el caso del impuesto de servicios digitales, que grava con un 3% las operaciones comerciales por Internet de grandes intermediarios, las diputaciones cobrarán la parte que corresponda a las compras y servicios contratados por contribuyentes vascos. Por último se ha decidido incorporar al Concierto la regulación del IVA OSS, que se aplicará en un futuro para las compras y ventas entre empresas europeas. El pacto autoriza a las diputaciones a recaudar este impuesto cuando la UE decida ponerlo en vigor.