El Gobierno vasco plantea reformar la fiscalidad para incentivar todos los planes de pensiones

El texto hace hincapié en los planes de empresa, fruto de la negociación colectiva -Azpiazu hizo un llamamiento a empresarios y agentes sociales a acercar posturas en la difusión de esta herramienta-, con incentivos para las compañías y los trabajadores que se acojan a ellos; así como criterios restrictivos para su rescate como capital en vez de como renta mensual. En una jornada titulada 'La problemática de las pensiones: ¿qué hacer hoy? Principales desafíos y soluciones', el consejero argumentó que la fiscalidad de este tipo de planes no ha sido hasta ahora «todo lo eficaz que podría haber sido para promoverlos».

No obstante, el documento anticipado ayer aún tiene un largo recorrido. Antes de remitirlo a la parte social deberá ser confrontado con los entes forales, titulares de las competencias en materia tributaria. El objetivo final es propiciar una «palanca fiscal» que ejerza de aliciente a fin de que se extiendan los planes complementarios en las empresas y se modifiquen los ya existentes. El Ejecutivo autonómico persigue una analogía entre las contribuciones al sistema público de pensiones y el sistema complementario de empleo preferente. Se establecería tanto un límite prefijado, «pues las propias cotizaciones a la Seguridad Social están limitadas», y un límite conjunto para garantizar la igualdad de todas las personas.

Lakua busca por otra parte fijar criterios restrictivos a quienes quieran rescatar el dinero del plan complementario, a fin de apuntalar el propósito de la reforma fiscal: que lo aportado a los planes se perciba como renta mensual.

La propuesta de reforma fiscal recalca la importancia de incentivar a las compañías, que soportan el coste de las contribuciones empresariales a los planes de empleo, y deducciones para los trabajadores que se incorporan a estas fórmulas de ahorro.

Azpiazu defendió que al Gobierno le corresponde regular y promover la previsión social complementaria a través de las EPSV. «Su promoción es un deber inexcusable para sacarla del impás en el que se encuentra». Su generalización, advirtió, no debería interpretarse como un intento de desplazar al sistema público, «sino de reforzarlo». Reconoció, con todo, que «tras un año de intenso trabajo y reuniones con los distintos interlocutores, era muy optimista pensar en un consenso básico entre las partes interesadas en generalizar este segundo pilar».

Azpiazu no desaprovechó la ocasión para, frente a la tensión que planea sobre las pensiones públicas, incidir en que el Ejecutivo vasco carece de competencias. «Tampoco las tendría pese a que asumiera la gestión del sistema en los términos señalados por el Estatuto de Autonomía», sostuvo. El consejero recordó el uso de la Renta de Garantía de Ingresos para paliar las prestaciones más bajas, aunque enfatizó que la esencia de esta herramienta «no es en ningún caso garantizar un determinado nivel de pensiones».

El presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, Ignacio Etxebarria, que compareció junto al consejero Azpiazu, adujo que el papel de su entidad es ejercer de «previsores» con la finalidad de generalizar un sistema de pensiones «adecuadas, seguras y suficientes». Etxebarria emplazó a no posponer la resolución de un problema actual. El sistema público de pensiones, matizó, es el «pilar básico de la protección social» y el fin de las entidades de previsión social voluntaria, continuó, es complementarlo para que la prestación se acerque a lo que se cobraba en activo.

Al tiempo que el Gobierno autonómico defendía la reforma de la fiscalidad, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, abogó en otra jornada sobre pensiones celebrada en Madrid por la flexibilización fiscal de los planes de empresa con el fin de incorporar a los trabajadores de clase media. Granado defendió que la deducción de estos planes deje de hacerse conforme a la base imponible y se haga respecto a la cuota, ya que así se financiaría a más empleados.