Tapia pide al Estado que asuma o aplace el 45% de la factura eléctrica

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Ana Barandiaran

Tapia las presentó tras el Consejo de Gobierno, en vísperas de que se vote en el Congreso el real decreto, y tras el terremoto provocado por Sidenor, al anunciar que paraba 20 días de aquí a fin de año por el «desorbitado» coste de la electricidad. La consejera evitó emitir cualquier juicio sobre si le parecía correcto o no que las eléctricas trasladaran el castigo a los clientes industriales. Se limitó a constatar que esto estaba ocurriendo. «La reducción de ingresos se traslada a los costes de las empresas y hay que buscar la manera de que no se penalicen los contratos a largo plazo», dijo.

En este sentido, expresó su confianza en que el Gobierno central «revise esta cuestión», es decir, que rectifique el real-decreto. Según explicó, «de la respuesta que dio el presidente, Pedro Sánchez, al portavoz del PNV, Aitor Esteban se desprende que hay voluntad de flexibilizar la regulación», si bien ayer no se atisbaba solución. Ribera se reunió a la tarde con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el de Naturgy, Francisco Reynés, tras haber mantenido otras reuniones similares en días anteriores. En el Congreso, Sánchez aseguró que estaban hablando con todos para «aclarar y precisar lo que hiciera falta del real-decreto», aunque insistió en que las eléctricas deben «arrimar el hombro».

En su interpelación a Sánchez, Esteban también incidió en en la necesidad de «retocar» el decreto, si bien fue más crítico con las eléctricas al considerar inaceptable que repercutan la penalización y que «jueguen» con las distintas fuentes de producción energética para engordar sus cuentas. Mucho más contenidas y eludiendo este tipo de valoraciones, Confebask y las tres patronales territoriales –Adegi, Cebek y SEA– intervinieron ayer para arremeter contra el decreto de Ribera, a la que han remitido una carta para expresar sus críticas En la misiva censuran que la regulación ha modificado las reglas del juego e impactado negativamente en la industria, al afectar a los contratos».

Ante este embrollo y tras pedir un diálogo constructivo con las eléctricas, Tapia desgranó sus propuestas. La principal va dirigida al Gobierno central para solicitar «una carencia temporal por la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado». Se trataría, añadió, de «eliminar o aplazar temporalmente aspectos recogidos en la factura como las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares, la anualidad del déficit tarifario... que pasaría a ser asumida directamente por el Estado». Evitó cuantificar el impacto de las medidas, si bien recordó que esta parte de la factura supone entre un 40% y 45%. El Gobierno ya ha trabajado en esta línea, al suprimir impuestos por importe de 2.000 millones. Pero el Ejecutivo de Urkullu le pide ir a más, en línea con los que propone la propia Comisión Europea.

Tapia también abogó por incentivar los contratos a la largo plazo con la industria, que en España solo cubren un 10%, frente al 50%-60% de otros países. Solicitó, asimismo, aumentar las compensaciones por el CO2 a la industria y un plan de contingencia especial de seguridad de suministro de gas natural. Por la parte vasca, abogó por trabajar en eficiencia y en instalar más renovables.