El Gobierno vasco mantiene la inversión en Petronor y reclama un «horizonte de estabilidad» regulatoria

La semana pasada el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, confirmó que el proyecto final para producir combustible sintético a nivel industrial y que contempla el funcionamiento de un electrolizador de 100 MW queda en el aire hasta conocer cómo queda el marco regulatorio. Un anuncio que avanzó de modo genérico el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, tras la posibilidad de que el Gobierno de España extienda la tasa extraordinaria sobre los ingresos de las energéticas, que iba a ser temporal.

El proyecto cuenta con una primera fase, que sí se mantiene, de carácter experimental y que pondrá en marcha ese electrolizador de 10 MW para obtener hidrógeno verde con el que hacer combustible sintético. El Ejecutivo vasco mantiene sus planes y este mismo martes, su portavoz, Bingen Zupiria, ha insistido en que la decisión de dejar el proyecto final en suspenso es «una mala noticia» y «no es una buena decisión».

Preguntado sobre posibles acciones del Ejecutivo como socio del consorcio experimental, Zupiria ha señalado que el papel de las instituciones es «mantener en todo lo posible las relaciones con las empresas y generar marcos estables». En este sentido, además ha reivindicado que «las decisiones deben contar con un horizonte de estabilidad«.

La inversión de la planta piloto contempla 103 millones de euros y prevé estar en funcionamiento dentro de año y medio. Pese a que es una 'mini factoría' experimental, permitirá producir anualmente el combustible sintético equivalente al necesario para alimentar los aviones que, también en un periodo de 12 meses, cubren la ruta aérea entre Bilbao y Madrid. Un total de 18.000 barriles de combustible al año.

De momento, la iniciativa que busca estudiar la viabilidad de este combustible neutro avanza, pero queda a la espera del siguiente paso que es la gran planta de fabricación. El estadio final ha recibido el reconocimiento de Proyecto de Interés Comunitario por parte de la Comisión Europea y supondría una inversión de cerca de 200 millones.