El Gobierno vasco exige al central que deje de «demonizar» el diésel

José V. Merino

Viernes, 16 de noviembre 2018, 02:12 | Actualizado 09:29h.

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Al Gobierno vasco no le gusta nada la campaña de «demonización» del diésel que ha emprendido la Administración central, y cuya última y más llamativa iniciativa es prohibir por ley, a partir de 2040, la venta y matriculación de automóviles y furgonetas que no sean 100% eléctricos. Y así se lo va a trasladar la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el próximo lunes en Madrid. A Tapia le preocupa sobremanera «dañar» a la industria de automoción, que en Euskadi da empleo a más de 46.000 personas, repartidas en alrededor de 300 empresas; entre ellas Mercedes, la más grande del País Vasco y la única que produce vehículos en la comunidad.

«Vamos a reducir emisiones de CO2, pero sin demonizar ninguna de las posibles tecnologías. Hoy en día se está trabajando muchísimo en la posibilidad de que exista un motor diésel con cero emisiones de CO2. ¿Por qué lo vamos a demonizar y decir que en el 2040 no tiene que haber motores diésel? ¿Y si ese motor diésel no contamina lo vamos a demonizar por eso?», se preguntó ayer la consejera, partidaria de «conciliar» la reducción de emisiones con la competitividad de la industria del autómovil, que supone en torno al 25% del PIB vasco.

Tapia, que ya se ha pronunciado en más ocasiones en el mismo sentido, utilizó un argumento similar al que manejan no sólo las cinco patronales del automóvil en España -las de fabricantes, importadores, concesionarios, vendedores y componentes-, sino voces muy autorizadas como la del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la principal petrolera española y entre las veinticinco principales del mundo. Es la convicción de que la Administración debe mantener «la neutralidad tecnológica»; es decir, intentar que los vehículos que se matriculen no emitan CO2, pero «sin predecir previamente si tienen que ser de gasolina, gasoil, híbridos o eléctricos».

La consejera puso el dedo en la llaga también en otro de los aspectos insuficientemente contemplados por la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez: la falta de una estructura eléctrica que facilite la movilidad de los coches eléctricos y soporte por tanto la prohibición de circular para los vehículos que se mueven con gasolina y gasoil. Hay que hacer una planificación de redes, dijo la consejera, porque «las actuales no soportarían que todos los coches fueran enchufables».

Y en este punto, esgrimió un punto de vista que también comparten muchos analistas: la idea de que defender el coche eléctrico es, ahora mismo, defender a las clases más pudientes, todo un contrasentido para un Gobierno socialista cuyo socio principal es Unidos Podemos. «Aquellas personas que tienen un poder adquisitivo mayor pueden hacer esa transición más rápidamente. Con lo que se está castigando precisamente a los sectores de la sociedad que, en este momento, tienen un menor poder adquisitivo. Y si además les obligamos a pasar al eléctrico, quizá les estemos poniendo un problema adicional». En suma, hay que renovar el parque de automóviles, que está «un poco envejecido», pero sin penalizar por ello a las capas populares.

El Partido Popular de Álava también entró ayer en el debate. Su portavoz en las Juntas Generales, Ana Morales, dijo que la crisis del diésel está poniendo en jaque a la industria del territorio -en particular a Mercedes, que ha hechos paradas para adaptarse a la nueva situación, así como a otras firmas proveedoras de la compañía alemana-; y llegó a cuantificar en 600 los puestos de trabajo en peligro.

La posición de Tapia se asemeja mucho a la que exhiben algunos miembros del Gobierno central, por sus pronunciamientos alejados de los que realiza la ministra Teresa Ribera. Ayer, el Ministerio de Industria, que en apariencia no comparte una postura tan radical como el de Transición Ecológica, llamó al sector español de automoción a una reunión que se celebrará hoy y en la que pretende trasladar un mensaje de tranquilidad y certidumbre. Anoche, la asociación Anfac anunció que no acudiría. La ministra Reyes Maroto también ha citado a los sindicatos CC OO y UGT, molestos con el maximalismo del departamento de Ribera por entender que sus mensajes ponen en peligro muchos miles de puestos de trabajo.