Los perceptores de la RGI no tendrán que pedir la prestación estatal, lo hará el Gobierno vasco

Como ya es conocido, el Ingreso Mínimo del Estado será la primera opción para las personas sin ingresos y más desfavorecidas y a partir de ahí entrará en funcionamiento la RGI vasca como complemento. La consejera ha destacado que la RGI es más generosa en cuanto a cantidades –son superiores en la práctica totalidad de los casos-, pero también de aplicación más «amplia«. Esto es consecuencia de que el Ingreso Mínimo no reconoce prestaciones para los jubilados –es un campo reservado a las pensiones mínimas- y tampoco a las personas que se encuentran en situación de residencia irregular. Unas 20.000 de los 53.000 perceptores actuales de la RGI, han señalado desde el Gobierno, pueden mantener sus percepciones de RGI sin recibir el Ingreso Mínimo. Entre ellos unos 13.200 pensionistas y algo más de 3.000 perceptores en situación irregular de residencia.

Artolazabal ha destacado el valor político del acuerdo alcanzado por el PNV con el presidente Sánchez, que permitirá a la Administración autonómica desarrollar la gestión del Ingreso Mínimo en Euskadi. Un proceso desarrollado durante meses, en el que Euskadi ha aportado su experiencia con al RGI y que ha definido como «largo, difícil, discreto y leal», además de haber aportado un resultado satisfactorio para el Ejecutivo de Vitoria. Así, ha destacado el hecho de que en el País Vasco vaya a existir una «ventanilla única» para gestionar tanto el Ingreso Mínimo como la RGI, que estará residenciado en Lanbide. Además, ha destacado que la comunicación del gestor de la prestación con las haciendas forales es clave para verificar lso requisitos que se exigen. «Nunca hemos tenido en cuenta el análisis económico pero sí la defensa del autogobierno», ha dicho Artolazabal.

Hay que tener en cuenta, además, que el acuerdo tiene un amplio calado político porque la experiencia de que el Gobierno vasco gestione una prestación del Estado es una primera piedra en un camino mucho más ambicioso. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, destacó que va a servir como anticipo de la transferencia que Euskadi persigue desde hace décadas: la gestión de los fondos de la Seguridad Social dedicados al pago de pensiones. El Ingreso Mínimo tiene un gran paralelismo ya que es de competencia normativa exclusiva del Estado, se financiará con una caja única pero la gestión recaerá en organismos de la Administración vasca.

El director de Lanbide, Borja Belandia, ha indicado que habrá un periodo transitorio para adaptar el funcionamiento de ambas prestaciones. «Todos aquellos que están en RGI no tendrán que hacer ningún trámite» ha indicado Belandia, ya que será el Gobierno vasco quien realice de oficio toda la tramitación para incluirles en al ayuda del Estado. Sólo quienes no reciban la prestación vasca y encajen con los requisitos del Estado para ser perceptores del Ingreso Mínimo deberán hacer el trámite de solicitud en las oficinas de Lanbide.

Según los últimos datos proporcionados por Lanbide había el pasado mes de abril 53.274 perceptores de la RGI, aunque el número de beneficiarios en total -sumados los familiares- asciende a 95.371 personas. El récord histórico se alcanzó en el año 2015, cuando se llegó a la cifra de 65.578 beneficiarios. En la vertiente económica, las arcas públicas vascas abonan en estos momentos unos 31 millones de euros mensuales en esta prestación, a los que hay que añadir otros 6 millones de las ayudas de vivienda. El pasado año, el gasto total por ambos conceptos ascendió a 422,5 millones de euros, lo que supuso 70 millones menos que en 2016, el ejercicio en el que se produjo un desembolso más abultado. En el mes de abril, el gasto en RGI y complemento de vivienda sumó 37 millones de euros.