El Gobierno vasco destina un «récord» de 1.224 millones para impulsar el «empleo de calidad»

La mayor parte del presupuesto lo gestionará Lanbide, que se lleva 1.169,6 millones de euros y que, según Torres, debe ser «el eje vertebrador de todas las políticas de empleo». Por un lado, el organismo se encarga de gestionar prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y por otro debe ser el servicio que garantice la inserción laboral, un aspecto que se trata de mejorar con el plan Lanbide Hobetzen.

En la primera parte -las prestaciones-, cabe destacar que la RGI y el IMV tienen asignados 399 y 200 millones de euros, respectivamente, con lo que rozan los 600 millones de euros, una cifra que se eleva un 6,8% respecto al año pasado. La Prestación Complementaria de Vivienda, sin embargo, baja de 79 a 35 millones porque, según explicó Torres, pasa progresivamente al Departamento de Vivienda.

Pero con la transformación de Lanbide justo lo que se pretende es que el organismo deje de ser un mero gestor de prestaciones para convertirse en un verdadero servicio de inserción laboral para dar cumplimiento a la ley vasca de Empleo, que prevé itinerarios personalizados para los parados. Para ello se destinarán 518 millones a políticas activas de empleo e inserción. Torres señaló que se pondrá el foco «en los parados de larga duración y en los perceptores de la RGI» y aseguró a las empresas que se hará un esfuerzo por adaptar la formación y la orientación a sus necesidades.

En el marco de ese objetivo para impulsar la calidad del empleo, uno de los puntos incorporados en el presupuesto es un estudio para establecer un Salario Mínimo en Euskadi, que deberá ser pactado por los agentes sociales en la negociación colectiva. También se establecerá una metodología para definir lo que es trabajo de calidad.

Por otro lado, en las Cuentas se contemplan dos millones de euros para Fabrika, la fundación ligada a la patronal guipuzcoana Adegi a la que la antecesora de Torres, Idoia Mendia, encargó implantar un proyecto piloto de reducción de jornada. El encargo, que causó malestar en Confebask al no verlo oportuno, implica un total de 6,5 millones. Para finales de año se prevé el lanzamiento de las bases de la convocatoria.

El departamento contempla asimismo 41 millones para Trabajo y salud laboral, con una asignación de 19 millones para Osalan. En cuanto a la Inspección, el objetivo para este año es cubrir las 80 plazas de inspectores y subinspectores ya creadas.

Desde la oposición hubo críticas sobre la escasez de presupuesto para la seguridad y salud en el trabajo ante el incremento de la siniestralidad. También por el escaso crecimiento de la partida asignada a Lanbide. Otra queja vino por el fuerte aumento del empleo público, que Torres achacó a la necesidad de reforzar los servicios.