El Gobierno suaviza su oposición al coche diésel y evita prohibirlo en la nueva ley ecológica

El Ministerio para la Transición Ecológica ha suavizado la redacción del texto que hoy aprobará el Consejo de Ministros al evitar hacer cualquier referencia a la prohibición de matricular vehículos que no sean eléctricos a partir de 2040: el amago de veto a los diésel -y en menor medida a los gasolina-, planteado en los primeros borradores que manejaba, pasa a convertirse en una adaptación a la realidad del momento. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que validará el Ejecutivo para que inice su tramitación parlamentaria indica que «se adoptarán las medidas necesarias para que reduzcan paulatinamente sus emisiones», hasta llegar a 0 gramos de CO2 por kilómetro.

El objetivo sigue siendo el mismo: que las nuevas matriculaciones sean de eléctricos dentro de 20 años. Pero para ello no habrá restricciones, sino que «se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i». El matiz legal no es baladí después de la tensión generada con los fabricantes de coches cuando conocieron la idea del Ejecutivo, planteada tras el verano de 2018, de no permitir esas ventas para que ningún automóvil contaminante circulara a partir de 2050.

Fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera aclaran que se irán tomando medidas de acuerdo a lo que vaya estipulando la Unión Europa. Irán de la mano de Bruselas. Y en la UE cada país tiene, por ahora, una estrategia distinta: en algunos casos se plantean restricciones en apenas diez años, pero en otros miran más allá de 2040 para planificar el futuro del diésel, el gran motor económico e industrial del Viejo Continente. En el caso de España, la automoción representa un 13% del PIB y la mayor parte de los modelos, que en un 80% son exportados, son diésel.

Desde el Ejecutivo confían en que la propia evolución del mercado anticipe el fin de las ventas de diésel a principios de la próxima década mientras sigue creciendo la matriculación de eléctricos. De hecho, se seguirá con los planes de ayuda a la compra de coches enchufables, cuya dotación para este año ascenderá a 65 millones. En ningún caso se plantean subvenciones para reducir el envejecimiento del parque móvil español, como piden fabricantes y concesionarios. Eléctricos e híbridos representan sólo un 17% de las ventas.

El proyecto que hoy aprobará el Consejo de Ministros incluye las grandes líneas avanzadas en el anteproyecto. Se determina que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. Además, el sistema eléctrico tiene que ser 100% renovable. Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Será un objetivo coherente con el resto de Europa.

Además, al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

El Ejecutivo espera sostener una buena parte de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus precisamente en este tipo de proyectos renovables, reformas sostenibles o autoconsumo. De hecho, espera acelerar algunas de esas decisiones para fomentar la inversión y recuperar una parte del empleo perdido.

En este sentido, Transición Ecológica prevé lanzar este año las primeras subastas renovables bajo un nuevo marco que permite al consumidor eléctrico aprovecharse del precio más barato de estas tecnologías. Y no descarta ser «más ambicioso» en el desarrollo de proyectos verdes para ayudar a la recuperación.

La ley también incluye una prohibición para los grupos de eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas, cuyos ingresos dependen de la parte fija de la factura del consumidor. No podrán destinar los recursos obtenidos a través de la actividad regulada a financiar sus negocios liberalizados. Las sociedades dedicadas a la distribución de Iberdrola, Endesa o Naturgy, Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas, entre otras, no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar créditos de otras empresas de sus mismos grupos o a partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas o de otra índole.