El Gobierno está a punto de rescatar el grupo Celsa, que tiene tres factorías en Euskadi

El rescate de Celsa llega en lo que puede ser la recta final del proceso de ayuda a empresas con el fondo de 10.000 millones de euros, que el Gobierno de Pedro Sánchez creó en el inicio de la pandemia y que recibió el respaldo de la Unión Europea. Inicialmente, ese fondo se creó para intervenir y ayudar financieramente a empresas que pudieran calificarse como «estratégicas», que antes de la pandemia estuviesen en una situación patrimonial estable y que la expansión del Covid hubiese colocado en una situación delicada. Pero lo cierto es que el Gobierno ha hecho una interpretación extensiva de esos criterios, para ayudar también a empresas que ya antes de la pandemia se encontraban en una posición delicada.

Según ha trascendido, el Estado inyectará un total de 550 millones de euros en el grupo Celsa con dos mecanismos diferentes. Una parte, 280 millones de euros, los recibiría como crédito participativo. Una figura que permite que esa cantidad se considere como fondos propios a efectos de solvencia -lo que significa defender la empresa del riesgo de quiebra técnica-, además de tener un coste variable para la compañía en función de resultados. Otra parte de la ayuda, 270 millones, se inyectarán como crédito convencional.

El grupo Celsa sufrió de forma importante los rigores de la crisis que se desató en 2008, debido a que una parte importante de su producción está destinada al sector de la construcción. Los malos resultados acumulados llevaron a la compañía a una escalada en su endeudamiento -en la actualidad se sitúa en torno a los 2.200 millones de euros- y a tener problemas para atender sus compromisos financieros. En la actualidad, Celsa se ha acogido a la normativa extraordinaria dictada por el Gobierno en plena pandemia para eludir los procedimientos concursales, ya que una parte importante de sus deudas han vencido y no han sido satisfechas.

El rescate de este grupo siderúrgico será también el más importante acometido hasta ahora por el Gobierno español, tras los 475 millones entregados a Air Europa, los 340 de Técnicas Reunidas o los 241 de Hotusa. En el caso del País Vasco, este fondo permitió salvar el grupo alavés Tubos Reunidos, con una inyección de 113 millones de euros.