El Gobierno se replantea el impuesto extraordinario a las energéticas

El impuesto extraordinario a las energéticas, aprobado a finales de 2022, grava con un 1,2% el importe neto de la cifra de negocio de las grandes empresas del sector. Su vigencia inicial era de dos años, pero en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar se acordó «readaptarlo y mantenerlo», pese a la caída de los precios de la energía. Se abrió así una dura polémica, recrudecida por las advertencias de paralizar inversiones por parte de las compañías afectadas.

En Euskadi esas críticas han resonado con fuerza. Primero fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el que alertó de que el mantenimiento del gravamen ponía en riesgo inversiones del grupo. Más tarde fue el presidente de la filial Petronor, Emiliano López Atxurra, quien realizó una advertencia similar. Y más recientemente el presidente de la multinacional, Antonio Brufau, cuestionó el futuro de 1.500 millones en proyectos relacionados con el hidrógeno, que amenazó con trasladar a Francia o Portugal.

Esas advertencias han saltado desde las empresas a la política. El líder del PNV, Andoni Ortuzar, señaló que «tal y como está definido, el gravamen es mercancía averiada». Y en esta legislatura el Gobierno de coalición va a necesitar todos los votos para sacar adelante cualquier iniciativa.

A su vez, hace solo unos días la Comisión Europea difundió un informe en el que concluía que las condiciones han cambiado de forma sustancial desde que se recomendó la implantación del impuesto a finales de 2022.

Ribera parece haber tomado nota de estos mensajes, porque ayer enmarcó la necesidad de revisar el gravamen con la exigencia de realizar «una reinversión masiva para la transformación del sistema energético» y que cuanto antes se logre hacer esa transición, «más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía», añadió. «Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir» para evitar que «unos ganen mucho» y todos paguen más, explicó. «Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto», dijo con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil, pero también «justo» para el «reparto de beneficios y costes».