«No es posible una pensión mínima de 1.080 euros», dice la ministra Valerio a los jubilados vizcaínos

Valerio sale así al paso de las afirmaciones de algunos portavoces de esta comisión, que matizaron que la revalorización podría estar sujeta a variables adicionales. Con todo, la recomendación aún debe llegar al Congreso, donde será debatida, y el Gobierno de turno legislará al respecto. Por el momento –ha asegurado a los seis miembros del movimiento vizcaíno– la subida ligada al IPC real está garantizada este año y el próximo, a partir de lo que acordó el Gobierno anterior con PNV y Ciudadanos.

La ministra ha recordado que el anterior Gobierno, con cuyos Presupuestos trabaja el Ejecutivo de Sánchez, ya reformó en las Cuentas la limitación para que las prestaciones solo subieran un 0,25%. A partir de ahí se han sucedido las críticas. «El propio Gobierno se dio cuenta de lo insostenible de esta medida y el factor de sostenibilidad –para encarecerlas en función de la creciente esperanza de vida–, lo que, ha llevado al descontento social», ha indicado.

En este sentido, y en un dardo a sus antecesores, Valerio sostiene que, «frente a la unilateralidad», las vías para debatir lo tocante a pensiones son «el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social». Tal y como ha apuntado, su Gobierno trabajará en la sostenibilidad de la Seguridad Social. «Debemos mejorar el mercado de trabajo y luchar contra el fraude laboral, nocivo para el sistema. Además, también se pueden inyectar ingresos a través de impuestos», ha planteado. En definitiva, la subida conforme al IPC real «no hace insostenible el sistema. El problema está en los ingresos, y en ello trabajaremos».

Preguntada sobre la posible transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi, la ministra ha explicado, por otra parte, que no ha sido un tema abordado en la reunión. Con todo, ha aclarado que, «pese al importante entendimiento» del presidente Sánchez y el lehendakari Urkullu, «con el panorama que acabo de plantear» la transferencia «no es en estos momentos una prioridad». Lo apremiante, ha precisado, es «mantener la sostenibilidad social y financiera del sistema público de pensiones».