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José M. Camarero
Martes, 3 de abril 2018, 01:28
Al Ministerio de Energía le ha venido como anillo al dedo el informe del comité de expertos sobre la transición energética en el que calculan que es posible rebajar la factura de la luz a costa de incrementar el precio de los combustibles ... y penalizar con más tributos la contaminación medioambiental. Esa es, a grandes rasgos, la idea lanzada por la ‘comisión de sabios’ designada para esta tarea, y cuyo trabajo ya es asumido por el Gobierno, aunque con matices, a la hora de ponerlo en práctica.
Los cálculos proponen sacar del recibo los costes que no están directamente relacionados con la generación, la distribución o el transporte, y derivarlos a los Presupuestos del Estado, vía incremento del gasto o alza de impuestos. Es una «opción lógica», apuntan fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal, que cree que es una propuesta «en la que se puede avanzar de forma gradual» sobre todo en la «fiscalidad medioambiental».
Pero la empresa no es fácil. «No se puede hacer de hoy para mañana. Hay que analizar todas las implicaciones», apuntan esas mismas fuentes. Se trata de extraer del recibo 10.800 millones de euros al año, que se distribuyen entre 7.000 millones de los compromisos por primas a las renovables concedidas en el sistema anterior, cuando gobernó Zapatero, y que aún hay que sufragar; los 3.000 millones de la deuda eléctrica que se fue generando hasta 2013, y otros 800 millones referidos a los costes extrapeninsulares. Los expertos aconsejan que lo asuma el Estado a través de los Presupuestos, bien con partidas directamente financiadas por las cuentas públicas o con subidas de impuestos. Y aquí reside la clave.
31% es la capacidad instalada a la que podrían llegar las solares fotovoltaicas en el año 2030, siendo la primera fuente de generación renovable del sistema.
Los ‘sabios’ consideran que el sistema cubriría esos costes con un incremento de hasta el 28% en el Impuesto de Hidrocarburos que se aplica al combustible diésel -el más contaminante- un 2% a la gasolina y un 5,8% al gas natural. Además, aducen una posible subida del IVA desde el tipo máximo actual del 21% hasta el 22,1%. «Se tocan figuras impositivas que incluso están transferidas a las comunidades autónomas», recuerdan en Energía, donde ven complejo aplicar alzas tributarias en todos los impuestos señalados por los expertos y en esas cantidades, al menos a corto plazo.
Asimismo, el informe indica que el bono social -el descuento de hasta el 40% que tienen las familias vulnerables- también debería correr a cargo de las cuentas públicas, y no de las compañías, como pasa ahora.
Si se aprobara, la factura de la luz podría descender en el entorno del 7%. Para un recibo medio de unos 60 euros al mes, como el calculado periódicamente por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la rebaja de la electricidad superaría poco más de los cuatro euros al mes, siempre que se trate de un contrato ligado al precio regulado y no a las tarifas planas a las que ya se encuentran acogidos más de un 55% de los usuarios domésticos.
El Ministerio se aferra al escenario más optimista planteado pos los expertos para defender la presencia de las centrales térmicas de carbón en el sistema, al menos a medio plazo. En su análisis, los sabios estiman un precio de los derechos por emisión del dióxido de carbono de entre 50 y 206 euros por tonelada, lo que relegaría a esta tecnología a su desaparición por el elevado coste. Pero Energía relativiza esos cálculos indicando que «no son sencillos de realizar». Si se mantuvieran los precios actuales -en mínimos históricos de siete euros por tonelada-, el carbón «puede contribuir favorablemente» al suministro. De paso, avalan su postura contraria a la de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas térmicas en España.
El sistema también evitaría mayores costes si se adoptase otra propuesta del comité: prolongar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años fijados inicialmente para su explotación. La medida es «relevante», apuntan en Energía, porque el vencimiento de algunas concesiones es inminente. El informe sostiene que prescindir de estas plantas incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.000 millones al año, así como la emisión de CO2.
El texto será sometido a negociación con la oposición, porque el Ejecutivo precisa de sus votos para sacar adelante cualquiera de las medidas. Además, confirma que el futuro energético pasará por las renovables, a cuyas instalaciones dotan de todo el protagonismo en nuevas construcciones hasta que en 2030 supongan casi un 30% de la potencia instalada. La fotovoltaica pasará a ser la primera fuente verde del sistema en la próxima década.
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