El Gobierno cumple con el PNV y da prevalencia a los convenios autonómicos pese al rechazo de la patronal

«Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral. Lo que entonces fue imposible, ahora lo hemos conseguido», se felicitó en noviembre el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en su comparecencia ante los medios tras la firma del pacto de investidura suscrito con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. El acuerdo se llevará a cabo a través de la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores y debía materializarse en el plazo de medio año. No ha hecho falta tanto tiempo.

Según recoge el texto del pacto, se establecerá que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, los sindicatos y las asociaciones empresariales «podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal».

Además, precisa que se considerarán «materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica».

El PNV saca pecho de esta cesión porque no olvida los duros momentos que pasó en aquella negociación. Y no sólo política. Ortuzar, en una entrevista concedida a EL CORREO, acusó a la CEOE de «coger de rehén al Congreso» y exigió a Sánchez que les pusiera «firmes». El motivo fue que la entidad presidida por Antonio Garamendi se negó en redondo a incluir esta modificación en la reforma laboral pactada con los sindicatos y el Gobierno. Si se reabría el acuerdo, dejaría de tener validez, advirtió. Garamendi, de hecho, subrayó que esta medida, la prevalencia de los convenios autonómicos, «rompería el mercado único». Una advertencia que a su juicio sigue vigente.

Tal fue la tensión que Ortuzar le acusó de «decir una cosa en público y otra en privado», mientras que Aitor Esteban, en el debate «ad hoc» del Congreso de los Diputados, denunció el «chantaje intolerable» de la patronal. Lo hizo a modo de protesta para justificar su «no» a la reforma laboral.

Ahora, el escenario cambia por completo. La patronal ha apostado por el silencio en un primer momento mientras que sindicatos como ELA admiten que esta medida «corregiría la imposición de algunas medidas centralizadoras» en la negociación colectiva.