Todo parece indicar que la última legislatura del lehendakari Iñigo Urkullu se cerrará con la transferencia de tres competencias que el Gobierno vasco considera determinantes y que ha venido reclamando insistentemente en los últimos meses. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Euskadi, ... Denis Itxaso, al reconocer que «febrero será un mes clave» para la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto que selle el traspaso de la gestión de la política migratoria referida a la integración, la red de Cercanías de Renfe y la homologación de títulos universitarios extranjeros.
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Itxaso ha insistido en que el compromiso es cerrar el acuerdo en las próximas semanas y ha señalado que la voluntad de ambos ejecutivos avanza en esa dirección, por lo que se ha mostrado esperanzado. Se trata de reclamaciones que los jeltzales, además, plantearon como requisitos para la investidura de Pedro Sánchez y que habían quedado pendientes en la anterior legislatura del Congreso de los Diputados.
El acuerdo, como todos los traspasos de competencias, debe firmarse con una valoración económica de esa gestión que se descontará del pago del Cupo que las administraciones vascas realizan al Estado por las tareas y servicios que este desarrolla en Euskadi. El objetivo es, por tanto, acelerar el remate de los últimos detalles para llegar a su formalización antes del arranque de la campaña electoral y del correspondiente anuncio por parte de Urkullu de la fecha para la cita con las urnas y la consecuente disolución de la Cámara vasca.
La red de Cercanías se integraría en Euskotren, reforzando así la infraestructura ferroviaria vasca para el transporte de viajeros. Pero es quizá la homologación de los títulos universitarios uno de los puntos más relevantes. Actualmente, la Administración General del Estado sufre un atasco en la tramitación de los expedientes de extranjeros licenciados. Se trata de profesionales, especialmente en el ámbito de la medicina y la salud, que no pueden trabajar hasta la convalidación de sus estudios en un momento de extraordinaria demanda y saturación del sistema sanitario.
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La tercera competencia, la política migratoria se centrará en la gestión de la de integración y el sistema de acogida. El Gobierno vasco ha defendido que con esta transferencia podrá gestionar los itinerarios de forma más integral facilitando, además, la burocracia de muchas de las gestiones. En principio, quedarán excluidos los temas de extranjería y los permisos de trabajo. Si bien es cierto que el PNV elevó el tono para exigir su traspaso después de que Junts Per Catalunya se la arrancara a Pedro Sánchez el pasado 10 de enero a cambio de su respaldo al decreto de medidas anticrisis.
Denis Itxaso ha defendido la acción del Gobierno de España que ha permitido «mejorar a los colectivos más vulnerables socialmente en Euskadi». Así, ha repasado diversas medidas de la acción del Ejecutivo, que son «el objetivo de las políticas impulsadas» y que a veces, ha reconocido, han requerido «pactos en el Congreso que han generado dudas». Pero «el fin último es ayudar a los colectivos más desfavorables».
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Entre las políticas que ha repasado ha citado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.134 euros para cerca de 50.000 vascos; el incremento de la pensión de jubilación media hasta los 1.740 euros, 372 euros más que hace tres años; la extensión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 67.573 ciudadanos en Euskadi; o el abono transporte que ha comenzado el 2024 con casi 100.000 usuarios en Euskadi.
Además, ha recordado que de los fondos europeos han llegado ya al País Vasco un total de 2.846 millones. Un dinero que Itxaso ha insistido en señalar que «sí está llegando a las empresas y las pymes porque los grandes proyectos y las cantidades de las administraciones se están licitando a estas empresas». De ese dinero, ha recordado que 1.154 millones han sido transferidos al Gobierno vasco para su ejecución en programas de rehabilitación de edificios, desarrollo de política de vivienda social, compras de equipamientos médicos, rehabilitación energética de edificios o compra de coches eléctricos.
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El otro grueso se ha canalizado a través de adjudicaciones directas de los ministerios en los Perte, proyectos estratégicos. En ese ámbito destaca el Perte del coche eléctrico con 255 millones y que sirve para financiar proyectos como la ampliación de la fábrica de Mercedes en Vitoria. Además, otros 91 millones se han destinado a iniciativas relacionadas con el hidrógeno verde y las renovables. Mientras que 17 para la industria naval y otros 16 para la industria circular.
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