El Gobierno central y las autonomías se movilizan para minimizar el caos del Brexit

La gravedad de las circunstancias que rodean el Brexit obligará así a los ministerios que participan en este organismo (ayer se ausentaron los titulares de Exteriores, Josep Borrell; de Sanidad, María Luisa Carcedo, y de Industria, Reyes Maroto, por problemas de agenda) a realizar encuentros todas las semanas. Se hará, dijo el Gobierno, un seguimiento exhaustivo de los planes de contingencia previstos.

Además, el Ejecutivo implicará a todas las comunidades autónomas para trabajar en estos planes de actuación. Lo hará convocándoles a la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades para tratar asuntos de la UE que afectan a las administraciones territoriales, presidido por la vicepresidenta, Carmen Calvo. Euskadi forma parte de esta conferencia y también de su órgano de coordinadores, en este caso a través del director de Asuntos Europeos, Mikel Anton.

La comisión interministerial del Gobierno de Pedro Sánchez insistió ayer en que España «está preparada» para afrontar las derivadas de una salida sin acuerdo de Reino Unido. Y reconoció que esa circunstancia tendrá «consecuencias negativas» para la economía. El plan de contingencia elaborado en el primer trimestre del año no incluye ninguna medida adicional, a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

Desde el Gobierno vasco también se lleva trabajando, desde que se anunció el Brexit, en preparar a la economía y a las empresas ante un escenario de ruptura. Reino Unido es uno de los principales destinos para las exportaciones vascas, con más de 500 empresas locales trabajando en dicho mercado.

De ahí que en abril de 2017 el Ejecutivo vasco creara una Comisión Brexit bajo la presidencia directa del lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que además del Gobierno están presentes las tres diputaciones, la asociación de municipios vascos Eudel, las tres Cámaras de Comercio, las autoridades portuarias de Bilbao y Pasaia y las tres universidades vascas, la pública UPV/EHU y las privadas de Deusto y Mondragón.

Simultáneamente, la agencia de promoción industrial SPRI abrió una delegación propia en Londres para tener información de primera mano y también para servir como punto de asistencia especializado a las empresas vascas que operan allí.

Además, en enero de este año la SPRI abrió en internet un portal específico -Brexit hoy- donde ofrece información actualizada sobre los avatares políticos de Reino Unido. Incluye consejos y una herramienta de autodiagnóstico para que las empresas puedan conocer su grado de exposición y preparación ante el Brexit. Medio centenar de compañías ya la han visitado.

El cónsul británico en Bilbao, Nick Greenwood, dijo ayer a EL CORREO que el contacto con las empresas vascas «es continuo», aunque por ahora no se ha registrado «un aluvión» de consultas. En cualquier caso, el Consulado tiene previsto celebrar dos encuentros, uno con grandes compañías y otro con británicos residentes en Euskadi.

No es la primera vez que el Gobierno central se ve forzado a preparar las consecuencias de una salida de Reino Unido de la UE, cuando apenas quedan unas semanas para que venza otro plazo, como el que teóricamente podría llegar el 31 de octubre. En marzo pasado, los británicos también se encaminaban hacia a una salida que no se produjo.

En aquel momento, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con medidas para minimizar los efectos, medidas que siguen vigentes. El texto trataba materias sensibles, sobre todo en comercio y las finanzas, con un hilo común: la reciprocidad. Otra de las principalees medidas pasará por dar residencia a los 400.000 británicos que viven en España. El mantenimiento de las fórmulas aprobadas «se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco» por parte de Reino Unido. Las normas serán suspendidas si las autoridades británicas no hubieran aprobado otras similares en beneficio de los españoles residentes allí.

En los servicios financieros, el Ejecutivo entiende que la pérdida del permiso de actividad de las firmas en España, y viceversa, implica que los bancos británicos deberán adaptarse a los regímenes de países que no son parte de la UE.