Las gasolineras 'low cost' acaparan el 42% del mercado vasco con rebajas de hasta 30 céntimos

Las diferencias de precios entre las más baratas y las más caras es notable. En Euskadi supera los 30 céntimos el litro en el caso del gasóleo. Así, ese combustible se puede encontrar a 1,2 euros en Petroprix de Zamudio o alcanzar los 1,529 euros en estaciones de Cepsa, Repsol o Avia. Las económicas coinciden en general con el grupo que la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC) denomina 'independientes', que son todas aquellas que no pertenecen a una petrolera ni tienen contratado el suministro en exclusiva con un determinado operador mayorista. Este segmento ya cuenta con 140 gasolineras en el País Vasco, lo que supone un 38% de la red, aunque su cuota en ventas es mayor, del 42%, precisamente porque renuncian a margen para ganar volumen.

Entre las independientes están las pertenecientes a grandes superficies comerciales, como Eroski (19 actualmente), y las estaciones de servicios automáticas o con atención personal mínima, que son las que más crecen en los últimos tiempos. Petroprix y Euskadi Low Cost, ambas con siete puntos de venta, son las de mayor penetración, pero hay un listado cada vez más extenso de marcas, muchas de ellas con una sola gasolinera y con un importante nicho especializado en transportistas. El gancho de sus precios está metiendo presión a las grandes petroleras, que en Euskadi controlan todavía más de la mitad del mercado. Repsol y su filial Petronor son líderes con 121 estaciones de servicios y una cuota del 33%, muy superior al 26% que tienen en el conjunto de España.

Son modelos diferentes que explican en gran medida la brecha en precios, pero el hecho de que haya gasolineras llamativamente baratas ha despertado la sospechas en un momento en el que el fraude del IVA en el gasóleo se ha disparado en toda España y ronda los 2.000 millones. «Cada vez que esto ocurre nos apuntan a nosotros y somos los primeros interesados en que Hacienda intervenga y retire a los operadores 'pirata'. Los suministradores que nos venden son los que cometen la estafa y se quedan con el IVA, nosotros lo pagamos», se lamenta Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).

Según explica, si pueden ofrecer precios tan bajos es por su modelo de automatizar el servicio y reducir costes al máximo. Insiste en que no se puede cargar contra las gasolineras por comprar a suministradores con todas las licencias en regla, por mucho que vendan muy barato el combustible. Aunque fuentes del sector advierten de que hay empresarios muy conscientes de que compran gasóleo fraudulento para poder competir y que, de hecho, lo venden en el monolito por debajo incluso del coste si se tiene en cuenta las cotizaciones internacionales y las cargas legales (biocarburantes e impuestos, entre otras). Sus precios de derribo fuerzan a las otras estaciones de servicio de la zona a rebajas insostenibles. Este fenómeno se exacerbó en febrero, lo que disparó las alarmas, y al iniciarse las investigaciones se ha moderado.

Las gasolineras defienden que son el último eslabón de la cadena y que el fraude se produce 'aguas arriba'. Para empezar por las importaciones ilegales de países vetados como Rusia, a los que se da entrada con 'falsa bandera' para camuflar la procedencia. Pero el gran problema está en los operadores que ponen en circulación ese combustible, una vez almacenado en los depósitos fiscales. Son ellos los que deberían repercutir el 21% de IVA al comprador y abonarlo a Hacienda, pero abundan los 'piratas' que se quedan con el gravamen y desaparecen. Para cuando el fisco reacciona han pasado meses y ya no hay forma de seguirles el rastro. El fraude del IVA es solo una parte porque se le suma otro, el de los biocarburantes. La regulación obliga a incorporar un porcentaje de estos combustibles 'eco' o pagar unos certificados por ellos y los estafadores no lo hacen con lo que pueden ofrecer el producto mucho más barato.

El Gobierno ha ido poniendo parches sin conseguir taponar el agujero. En diciembre aprobó una normativa para restringir las ventas entre distribuidores minoristas, pero sigue habiendo un acceso demasiado fácil al listado de 'operadores al por mayor'. «Hay tráfico para la compra de títulos, se van activando y desactivando», censura Joseba Barrenengoa, fundador de Easy Gas. Ahora son 322 las sociedades en la lista de Competencia y unas 200 están inhabilitadas o de baja. Son muchos los ejemplos que muestran el descontrol. Por ejemplo, la sociedad Biomar fue inhabilitada a principios de octubre por el Ministerio de Transición Ecológica tras detectar incumplimientos en materia de biocarburantes, pero una sociedad relacionada con ella, Bio Zenite, sigue operando. Otro caso, Villafuel, la sociedad vinculada al fraude del IVA de Víctor de Aldama, continúa activa porque solo se ha eliminado del registro de extractores de depósitos fiscales que regula la Agencia Estatal Tributaria, un listado diferente al que maneja Competencia. «Falta coordinación entre los organismos públicos», dice Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de las Estaciones de Servicio (CEEES).

En Euskadi se han detectado numerosas tramas en este ámbito. Uno de los más graves el proceso abierto y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional contra el presidente de Hafesa, Alejandro Hamlyn López-Tapia, por un fraude en el IVA de más de 155 millones de euros realizado a través de diferentes depósitos fiscales como el DBA Bilbao Port. En la lista de operadores al por mayor de Competencia figuran diez sociedades vascas, pero solo cuatro permanecen activas. El resto ha sido inhabilitado o dado de baja.

El sector reclama que se ataje el problema desde arriba y se obligue a pagar el IVA (o avalarlo) en cuanto se extraiga del depósito fiscal, tal como ha hecho Italia, donde el fraude se ha desplomado. La solución puede estar cerca porque han logrado que PNV, Junts y ERC introduzcan una enmienda en este sentido que se debatirá en el Congreso el miércoles. Se incorporará en la normativa para trasponer el gravamen mínimo del 15% a las multinacionales y, en principio, cuenta con suficientes apoyos parlamentarios.