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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, lanzó ayer un mensaje un tanto enigmático en respuesta a un analista financiero que le preguntó su opinión sobre el 'impuestazo' y su posible evolución. Esto es, el gravamen -técnicamente es una prestación y no un tributo-, que estableció ... el Gobierno de Pedro Sánchez a las empresas energéticas y a la banca para exprimir sus cuentas de resultados por los llamados «beneficios caídos del cielo». Tras aclarar que «no tenemos noticias recientes» sobre la continuidad de esta figura y sus modificaciones -aspectos sobre los que el Gobierno ha hecho muchas declaraciones pero sin concretar nada-, esbozó una auténtica novedad. «En la actualidad ya es deducible de nuestros beneficios porque tenemos la sede en el País Vasco», apuntó el presidente.
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Todo apunta, señalaron fuentes expertas en tributación, que Iberdrola ha sabido encajar las piezas de la legislación para reducir el impacto de ese gravamen, que con cargo a 2022, le supuso un pago al Estado de 216 millones de euros y de una cifra aproximada a los 160 por sus ingresos de 2023. Ya que ese gravamen no es un impuesto, señalan las mismas fuentes, Iberdrola ha podido aprovechar alguna declaración de impuestos consolidada ante la Hacienda foral vizcaína para deducirlo como gasto. Con ello, añaden, ha podido recuperar hasta en un 24% -el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades en Euskadi- las cifras que ha pagado a la Agencia Tributaria.
La Hacienda foral vizcaína, consultada por EL CORREO, no ha querido aclarar este extremo, con un argumento que ya es habitual: no hablan de la situación de contribuyentes concretos.
El Gobierno central y el Partido Nacionalista Vasco pactaron que este gravamen, en principio temporal para los años 2022 y 2023, se convertiría en un impuesto y que sería incluido en el Concierto Económico. Pero no hay más detalles. Los jeltzales aspiran a que pueda ser de normativa foral para tener margen de maniobra y poder introducir modificaciones para las empresas que tengan su sede en Euskadi.
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