Los funcionarios de Muface tendrán dos plazos para elegir su sanidad: en enero y a partir de abril

Pero en esta ocasión tendrán más inseguridad que nunca, puesto que no sabrán a partir de abril qué compañías serán las que puedan darle esta cobertura, puesto que el concierto sanitario aún está pendiente de resolución y la nueva licitación no comenzará a operar hasta el 1 de abril de 2025, ya que Gobierno ha extendido el actual convenio hasta el 31 de marzo, aunque con los precios del nuevo. Así lo establece el nuevo concurso publicado hace unos pocos días, en el que se dio de plazo a las aseguradoras hasta el próximo 15 de enero para presentarse, después de haber quedado desierto el anterior.

Por eso, por la incertidumbre que existe entre los funcionarios, ya que es una situación totalmente inusual, el Ministerio de Función Pública dará otra oportunidad a los mutualistas para revertir su decisión a partir de abril, «a partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga», según ha comunicado Muface. Así, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde un servicio de salud autonómico a una entidad concertada o entre entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio.

Muface informará a los mutualistas sobre la nueva fecha de apertura de plazo -así como de todos los pormenores del proceso de licitación- mediante correos y SMS, para que puedan «consultar la oferta de cada entidad antes de tomar una decisión, para garantizar una elección responsable y adecuada a sus necesidades», señala el correo enviado al colectivo. Eso sí, solo se admitirá una solicitud de cambio en cada periodo ordinario. En caso de que no se formule una solicitud de cambio ordinario, se mantendrá la adscripción a la misma entidad que a 31 de diciembre de cada año.

En la actualidad el número de funcionarios que elige la sanidad pública se ha disparado en los últimos años y superan ya el medio millón, casi un tercio de todo el colectivo, con datos a 31 de octubre. Pero algo más de un millón sigue apostando por un seguro privado, entre los que prevalece Adeslas, escogido por un 33% de empleados públicos; seguido de Asisa, que tiene al 24% del colectivo; y DKV, al que están suscritos un 13%.

Adeslas ha confirmado ya que no se presentará a la nueva licitación, puesto así se lo ha comunicado la propia empresa a sus asegurados, pero Asisa y DKV ven la nueva licitación con mejores ojos y reconocen que hay más posibilidades de continuar con este servicio sanitario a los funcionarios, según informaron a este periódico.

Para ello el Gobierno ha tenido que mejorar un 33,5% su presupuesto y poner encima de la mesa 1.000 millones más para resolver la crisis creada tras quedar desierto el anterior concurso. Destinará 4.478 millones para pagar la asistencia sanitaria de 1,6 millones de funcionarios y familias hasta 2027.

Pero también ha tenido que ceder a las demandas de las aseguradoras y ofertar una prima que varía significativamente en función de la edad del mutualista, hasta el punto de que pagará hasta diez veces más por una persona de 75 años o más que por un niño. Así, el precio mensual por asegurado oscilará en 2025 entre los 27,99 euros para los mutualistas de entre 5 y 14 años y los 260,96 euros que propone por cada persona que supera los 75, mientras que pagará casi 50 euros por bebé y 170 euros por los que tienen entre 65 y 74 años. Las primas se incrementan ligeramente en 2026 y 2027, cuando se pagará entre 51 y 272 euros por paciente, en función de su edad.