¿Por qué un funcionario vasco cobra hasta 21.000 euros más que otro del Estado?

Esta ventaja se explica en parte por el mayor peso estructural de la industria y la menor dependencia económica del ámbito turístico, estacional y peor retribuido. La controversia, sin embargo, no surge tanto en el sector privado como en el público. Porque esa brecha territorial se traslada también al salario del funcionariado. Y su principal sindicato nacional, el CSIF, denuncia situaciones que estiman sangrantes.

Según sus cálculos, un empleado público del País Vasco puede llegar a percibir hasta 21.000 euros anuales más que uno de la Administración General del Estado (AGE). Es la desigualdad más abultada del país –exceptuando a los funcionarios de prisiones de Cataluña– y se produce a pesar de que el sueldo base sea el mismo. La diferencia está en el complemento de destino y los 110 complementos específicos existentes.

«Esta importante diferencia retributiva perjudica notablemente a los empleados de la AGE y no tiene justificación. Luchar por la equiparación con las plantillas de las comunidades autónomas supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la función pública», explica el CSIF, que cifra en 230.000 el número de funcionarios a la espera de una equiparación salarial.

Algunos han cosechado éxitos. Paradigmático es el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que arrancaron un acuerdo para la equiparación de su salario al de los Mossos d'Escuadra catalanes, algo que en noviembre repercutió en un incremento bruto de la nómina de 561 euros mensuales de media. A pesar de eso, la asociación Jusapol considera que todavía queda un largo camino para equipararse a la Ertzaintza.

«En total, estimamos que la diferencia puede ser de unos 6.000 euros anuales», comenta Miguel Gómez, presidente de una organización que ha hecho de la equiparación salarial su bandera. «Un problema añadido es que esa desigualdad se traslada luego a las pensiones: un policía nacional cobra 1.800 euros al mes mientras un mosso alcanza los 2.659 euros», denuncia Gómez, cuya asociación está recopilando nóminas de ertzainas para realizar una comparación exhaustiva con la policía vasca. «Me encantan las condiciones que tienen en el País Vasco, porque se nota que cuidan al personal», concluye.

María José Campillo, Responsable de Finanzas del sindicato médico CESM, también critica las desigualdades en la remuneración de los médicos españoles: «No tiene lógica que haya 17 salarios para el mismo trabajo en el mismo país, y que la diferencia entre Andalucía y Euskadi pueda alcanzar los 15.000 o 20.000 euros anuales. Por eso, exigimos una homologación por arriba».

Lo mismo reivindican las enfermeras desde el SATSE, que critica las grandes diferencias en el pago de complementos como las guardias. «Respetando la independencia de las autonomías, creemos que el salario no debería convertirse en un elemento que provoque la migración de profesionales», señala María José García, portavoz del sindicato.

Esta problemática la sufre también el profesorado de la educación pública. Lo explica Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de ANPE: «Todos partimos de una misma base, pero luego hay conceptos que se pagan dependiendo de la autonomía. Por ejemplo, el complemento por tutorías. Reivindicamos retribuciones y conceptos comunes a todo el Estado».

Claro que la capacidad adquisitiva de un salario siempre depende del coste de la vida. No es lo mismo trabajar en un pueblo que en una gran ciudad. Según los últimos datos del INE, Euskadi es también la comunidad con el mayor coste de vida: 14.524 euros por persona, frente a los 12.151 euros de la media nacional. Eso arroja un coeficiente de 1,19 que acerca el salario vasco medio al nacional.

Por eso, Izquierdo considera que no sería descabellado diseñar una equiparación salarial teniendo en cuenta el coste de la vida en los diferentes lugares de España. «Se puede tomar como ejemplo a los funcionarios en el extranjero, que tienen coeficientes correctores específicos», dice.

En cualquier caso, Igor Eizagirre, responsable de Servicios Públicos de ELA, rechaza que los funcionarios vascos sean unos privilegiados. Considera que su retribución es más alta en consonancia con el conjunto de la sociedad, y apunta otras razones que explican esta singularidad. «En primer lugar, tras el fin de la dictadura, las instituciones vascas se crearon con el objetivo de legitimarlas marcando distancias con el Estado. En ese contexto, en las décadas de los 80 y los 90 se alcanzaron acuerdos importantes que revirtieron en mejores condiciones laborales», señala.

El exviceconsejero de Función Pública del Gobierno vasco, Juan Carlos Ramos, coincide. «La Administración vasca ha sido pionera en valorar de modo distintivo la responsabilidad que emana de las funciones decididas por ella para sus puestos», explica, subrayando que el sistema beneficia claramente a los administrativos. Ramos también incide en el caso de la Ertzaintza. «La razón de que cobre más que otros cuerpos policiales puede deberse a que desde el inicio fue concebida más como un trabajo profesional que funcionarial clásico, algo que elevó su base salarial y la hizo más atractiva para la ciudadanía», apostilla.

Ramos y Eizagirre coinciden en señalar el papel protagonista que ha tenido la fuerte lucha sindical en Euskadi. «En un inicio se apostó por ofrecer servicios públicos de calidad, con seguridad laboral», analiza el sindicalista de ELA. Sin embargo, avanza que ahora se está produciendo una preocupante regresión debido a «las políticas de privatización neoliberales».

«120.000 empleos en servicios públicos como Osakidetza o la educación han sido privatizados. Y los recortes han provocado una pérdida del poder adquisitivo de un mínimo del 13%», denuncia. Eizagirre no cree en el modelo de concertación social y alerta contra la complacencia. «Hay que crear y consolidar el empleo público, que es tractor del privado y clave para la salud democrática».