El fisco vasco deja de ingresar cada año casi 400 millones por las deducciones de vivienda

Aunque el trabajo del Departamento que dirige el consejero socialista Iñaki Arriola no deja de ser una mera foto fija, lo cierto es que tiene trascendencia. Y ello porque se da por sentado que el asunto de las deducciones ligadas a la vivienda -adquisición, alquiler y rehabilitación- tendrá un papel destacado en la próxima revisión del IRPF. Una revisión que de acuerdo con los compromisos que existen entre los partidos PNV, PSE y PP, debería producirse a finales de 2019, aunque todo va a depender del resultado de las próximas elecciones forales que se celebrarán en mayo. El propio consejero Arriola anticipó hace ya tiempo su deseo de proponer en ese momento un conjunto de medidas para modificar el tratamiento fiscal de la vivienda. Fuentes del Departamento consultadas por EL CORREO apuntan que la idea más importante es reforzar las deducciones al alquiler, aunque no de forma indiscriminada y primando más las rentas bajas. El propio informe ya avanza la clara predilección del Departamento por las deducciones al alquiler, al estimar que las que están ligadas a la adquisición «benefician en mayor medida a los niveles de renta medios y superiores».

En la actualidad la deducción vasca por compra de vivienda se sitúa en el 18% de la inversión (gastos e intereses) con un máximo de 1.530 euros al año; tasa que se eleva hasta el 23% para los jóvenes menores de 30 años y familias numerosas, con un tope anual de 1.995 euros.

Lo cierto es que Euskadi se ha convertido en un oasis en esta materia, después de que primero el Gobierno central y más tarde Navarra eliminasen estas deducciones de su normativa del Impuesto sobre la Renta. Así, el País Vasco es la única comunidad autónoma en la que aún se mantienen, pese a que se han reducido los máximos a aplicar en la última década. La crisis económica y el descenso en la formalización de hipotecas ha generado un paulatino descenso en la carga fiscal que soportan las haciendas vascas. Pese a ello, la deducción anual supone el 0,6% del PIB de la comunidad autónoma, frente al 0,3% que representa ya en el conjunto de España (procedente de las deducciones por las compras realizadas antes de 2013).

La mayor parte de las deducciones, el 78% corresponden a la adquisición de vivienda. Un elevado peso que entronca también con factores culturales, debido que en el País Vasco siempre ha habido propensión de la compra de la vivienda habitual, al considerarlo como la mejor fórmula de ahorro. Por contra, las deducciones que proceden del alquiler representan el 20%, mientras que las de rehabilitación tan sólo alcanzan al 2%. La escasez e incluso el elevado precio de las viviendas en alquiler es uno de los problemas estructurales que ha puesto de manifiesto el Departamento de Arriola.

Todos los expertos consideran que la deducción en el alquiler de vivienda ha tenido un efecto beneficioso, pese a que supone un 'gasto fiscal' de 75 millones anuales para las arcas públicas. El primero ha sido el de animar a los propietarios a entrar en ese complejo mercado. El 20% de los ingresos que reciben por los alquileres está exento y además ese rendimiento se computa en la base del ahorro, con tipos de gravamen por debajo del 25%. El segundo efecto beneficioso detectado por las haciendas es la reducción del fraude en ese segmento de actividad, que antes era generalizado y estaba plagado de pagos en 'dinero B'. Los inquilinos tienen una deducción del 20% sobre las rentas abonadas -con un máximo de 1.600 euros anuales-, que ha incentivado que afloren los contratos y que el dinero deje de ser 'B' para convertirse en 'A'. Transparente a los ojos del fisco.