La reforma fiscal pendiente desde 2020, abocada a un nuevo retraso

El calendario tampoco ayuda, porque quedan cuatro meses para que las administraciones vascas afronten esa tarea, pero también la elaboración y aprobación de los Presupuestos de las diputaciones para 2024. Esto si no hay que añadir una repetición electoral de por medio. Parece demasiada carga de trabajo para buscar, además, unas mayorías que requieren en Álava y en Gipuzkoa el apoyo de algún partido, más allá de PNV y PSE, para lograr los votos necesarios.

Teniendo en cuenta que según han señalado fuentes forales a EL CORREO queda pendiente «finalizar el análisis» de los actuales impuestos para, «a partir de ahí, elaborar y consensuar una propuesta», la probabilidad de aprobar la nueva normativa antes de fin de año se complica, aunque desde las diputaciones afirman que «seguimos con el plan previsto».

Desde diversos despachos de consultoras fiscales en Bilbao dan por hecho que será así porque «todavía no han comenzado el cruce de borradores». De todas formas, explican que «los cambios que sean beneficiosos para el contribuyente se pueden aplicar con efectos retroactivos», con lo que tendrían vigencia para todo 2024, aunque se aprobasen arrancado el año.

La patronal Confebask ya entregó a las diputaciones su propuesta de elementos a tener en cuenta en los nuevos impuestos y su presidenta, Tamara Yagüe, solicitó al tomar el cargo en julio una normativa que permita la inversión. En ese mismo sentido, el director del Círculo de Empresarios Vascos, Enrique Portocarrero, lamenta en conversación telefónica con este periódico que «la fiscalidad no se hace tanto mirando a la inversión de las empresas, sino a la recaudación». Por ello pide «fijarse en modelos que generan dinamismo, que no es entrar en una loca carrera por bajar los impuestos».

Portavoces de las diputaciones forales señalan que los actuales impuestos han servido para «incrementar la recaudación y «dotar de recursos suficientes a los tres niveles institucionales sin lastrar el crecimiento económico y el empleo». Además, recuerdan que el modelo actual ha permitido actuar con rapidez para dar facilidades a los contribuyentes más afectados por la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania o la pandemia.

Desde el sindicato ELA, su responsable del área industrial, Peio Igeregi, recuerda la posición de la central que «echa en falta un liderazgo político que regule una fiscalidad progresiva realmente para permitir una fuerte inversión pública». Para Igeregi «las rentas de trabajo siguen cargando con el grueso de la recaudación».

Las empresas está pendientes de ayudas para inversiones sostenibles, así como la equiparación de las deducciones por innovación e investigación. También está el encaje del acuerdo internacional para fijar en sociedades el tipo mínimo del 15%.

En cuanto a las personas físicas, queda analizar el tratamiento del alquiler de la vivienda, tanto para el propietario como para el inquilino, o el aumento de las deducciones para los planes de pensiones de las EPSV.