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La patronal vasca Confebask ha matizado hoy que su propuesta de aumento de la presión fiscal, mediante la aplicación de un recargo tributario, debería abarcar a «todos los impuestos concertados», lo que permite incluir también el de Sociedades, Patrimonio y también a otros ... de menor calado en la recaudación como es el de Sucesiones. Quedarían libres de este aumento, por tanto, todas las figuras tributarias que son competencia normativa del Estado, como es el caso del IVA, los impuestos especiales y sobre el juego, así como los que gravan la generación de electricidad o las primas de seguros. Inicialmente, en un documento remitido al Gobierno vasco con su propuesta, la organización empresas se había referido a la posibilidad de establecer un recargo «similar al utilizado tras las inundaciones de 1983», que tan sólo afectó al IRPF. Mientras tanto, Ejecutivo de la CAV y diputaciones han optado por el silencio en torno a la propuesta, mientras que tanto el PNV como el PSOE recuerdan que ya estaba prevista una revisión general de la fiscalidad.
Los empresarios estiman que es necesario afrontar un aumento de la presión fiscal en los próximos años, con el objetivo de respaldar el incremento del gasto público que se va a producir en dos fases: la actual, de «resistencia» y la siguiente, de «recuperación» de la actividad económica.
La fórmula que proponen los empresarios sería el establecimiento de un recargo impositivo, sin especificar los tramos y las cuantías, aunque sí aclaran que «siempre bajo el principio de que aporte más quien pueda hacerlo». En una nota remitida hoy dejan claro que están de acuerdo con que ese recargo tenga un carácter progresivo –que castigue más a las rentas elevadas-, algo que ya se hizo en la aplicación del recargo de 1984.
Eso sí, los empresarios insisten que este aumento de la presión fiscal debe ser transitorio y no permanente, con el objetivo único de amortizar la deuda extraordinaria que la Administración pública vasca tenga que emitir para financiar las medidas no menos extraordinarias que se adopten como consecuencia de la pandemia. Esto es, con un principio, un final y un objetivo cuantificable desde el punto de partida.
El presidente del Círculo de Empresarios Vasco, Javier Ormazabal, opta por la prudencia “a la espera de poder conocer los detalles de la propuesta y de enmarcarlo dentro de una política fiscal global”. Así, estima que la iniciativa “puede ser interesante”, pero también cree imprescindible concretar “el calendario, los importes, el destino de los fondos e incluso las prioridades que se señalan para la emisión de la deuda”.
El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, ha manifestado que «es demasiado pronto para hablar de estas cuestiones», al tiempo que ha dado a entender que su formación prefiere que sean las instituciones, el Gobierno vasco y las diputaciones, quienes hagan las propuestas de medidas fiscales. «Es evidente que daría un flujo de dinero a las arcas públicas, pero también es verdad que podría castigar a gente que está sufriendo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas», ha apuntado Ortuzar.
Por su parte, fuentes del PSE también han abogado por la «prudencia» en la materia, para dejar claro de forma contundente que «lo que tenemos muy claro que la carga de la recuperación no puede caer sobre los hombros de los de siempre. Desde el PSE-EE, siempre hemos defendido que debemos tener una visión global sobre la fiscalidad y que cualquier medida no puede tomarse sólo considerando un impuesto. Creemos que es imprescindible una reflexión más profunda sobre los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de la administración y para responder al sostenimiento de unos servicios públicos que, como se ha demostrado en esta crisis sanitaria, son imprescindibles para garantizar la salud y también la buena marcha de la economía», han añadido.
En contra de una subida de la presión fiscal se ha mostrado el PP, que por boca de su secretaria general en el País Vasco, Amaya Fernández, ha advertido que un movimiento de este tipo «lastraría la recuperación económica y destruiría tejido empresarial, cuando aún no se ha revertido el aumento del IRPF que se hizo en 2008. Menos dinero en manos de trabajadores y empresas significa –ha concluido- menos consumo y menos inversión empresarial».
Los sindicatos se han mostrado de forma unánime partidarios de que las rentas bajas queden exentas de un recargo fiscal –ya se hizo así en 1984, que es la referencia de la propuesta de la patronal-, pero apuntan a una revisión amplia de la fiscalidad y no a una medida coyuntural como proponen los empresarios. Mikel Noval, responsable de Estudio del sindicato ELA, apuesta por «un aumento de la presión fiscal sobre las rentas altas, los beneficios empresariales y el capital, porque la tributación de sus rendimientos debería equipararse al de las rentas del trabajo».
Por su parte, Loli Álvarez, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, cree que también hay que hacer «una revisión del IVA, para reducirlo en algunos productos y aumentarlo en otros», pero coincide en la idea de que «hay que reforzar los presupuestos públicos. Esta crisis –añade- ha demostrado que tenemos grandes carencias de gasto público en algunos servicios y también que hay que recuperar algunos que se han externalizado». Raúl Arza, secretario general de UGT de Euskadi insiste en que el aumento de la presión fiscal «no debe perjudicar a las rentas más bajas», coincide también en que el principal incremento debe ser «en las rentas del capital», además de poner el acento en que «hay que tener cuidado en este momento, porque lo que se necesita es que los ciudadanos tengan recursos para poder reactivar el consumo. Esa va a ser la clave de la recuperación de la economía». En esta línea, Arza cree que sería necesario «retocar a la baja las retenciones de las nóminas, para que las familias puedan disponer en estos momentos de más recursos».
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