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El compromiso de las diputaciones para dar una respuesta a las rentas más vulnerables ha sido reiterado en numerosas ocasiones en lo que va de año. Una voluntad que se ha proyectado sobre la nueva reforma fiscal que los gobiernos forales quieren aprobar antes de ... fin de año. Era una tarea prevista para 2020, pero tras la pandemia llegó la crisis energética y de precios. Acontecimientos que la han ido retrasando.
Una de las primeras pistas de por donde pueden ir las líneas de la nueva regulación viene de Gipuzkoa. Este verano, sus Juntas Generales aprobaron un documento guía con directrices que atender en este cometido. Con los votos a favor de los partidos del Gobierno -PNV y PSE- y los de EH Bildu, el trabajo establece entre sus prioridades la atención a las rentas bajas. Se marca explícitamente la meta de reducir su tributación y de buscar los mecanismos para que determinadas ayudas fiscales a las que ahora no se llega, sean universales.
Se trata de las deducciones. Son unas herramientas que bonifican el pago de impuestos en función del número de hijos, del cuidado de mayores o de los gastos de vivienda. En total, sumaron 1.200 millones en 2021, el último ejercicio que contemplan los anuarios fiscales de cada diputación. Una cantidad que supone una ayuda de 1.054 euros por contribuyente. Estas bonificaciones se centran en un 53% de los casos en la familia. Es decir, son las deducciones por descendientes y por el cuidado de mayores. El otro capítulo que centra estas deducciones es la vivienda, el 40%. Especialmente para la compra de vivienda con 163,4 millones, mientras que el alquiler suma 45,3 millones.
Son líneas de un marcado perfil social, pero que dejan fuera a los que tienen ingresos más bajos, especialmente entre 15.000 y 20.000 euros, es decir las rentas más vulnerables. Y es que las deducciones se aplican restándolas a la cantidad a pagar en el IRPF de un año. Lo que suele ocurrir es que, con los salarios bajos, la cuota a pagar es reducida y hay poca cantidad sobre la aplicar esa resta. Son situaciones en las que una parte importante de la deducción se queda sin aplicar.
Familias en riesgo de exclusión se quedan sin poder acceder a toda la deducción por alquiler de vivienda o por menor a cargo. Una de las opciones es regular esta aplicación de un modo diferente en las rentas más bajas convirtiendo rebajas de impuestos en pagos directos. Para ello sería necesario también hacer que la declaración de renta fuera universal, incluyendo a aquellos que cobren por debajo del mínimo exento. Es de hecho una de las propuestas de la ponencia fiscal de Gipuzkoa.
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