Las instituciones pacifican el reparto de impuestos tras 10 años de desencuentros

Tras una década de discrepancias -«había desajustes, no una penalización a determinados territorios», señaló el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano-, todo el mundo está contento. El Gobierno vasco porque resuelve un problema enquistado desde 2011; el PNV porque quita del escenario una discrepancia entre los suyos; los ayuntamientos porque ven reconocido en una ley lo que ya habían conseguido por la vía de los hechos; Álava y Gipuzkoa porque se convierte también en texto legal un parche introducido hace un año que permite compensar sus desviaciones de recaudación; y Bizkaia porque todos querían quitarle recursos y no lo han conseguido.

El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayó este jueves la importancia de este acuerdo porque, dijo, permitirá elaborar los Presupuestos de 2022 en un ambiente de certidumbre. La misma idea expresó el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, muñidor de este consenso que se convertirá en texto legal antes del mes de octubre.

Durante estos diez años los problemas de entendimiento han sido múltiples. Uno de ellos, además, era nuevo. La Ley Municipal aprobada por el Ejecutivo vasco reconoció el derecho de los ayuntamientos de la comunidad autónoma a participar en el reparto de los ingresos por impuestos e incluso a tener voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas. Hasta ahora, el trozo de la tarta que recibían los ayuntamientos era fijado por las respectivas diputaciones.

A partir de este momento ya saben que, al menos, podrán aspirar a una cifra del entorno del 39,23% de los recursos económicos que queden después de abonar el Cupo al Estado y de pagar al Gobierno vasco el 70,81% que le corresponde. Pero eso no supondrá más dinero porque, en realidad, todas las diputaciones vascas ya cumplían con ese mínimo que se ha tomado, precisamente, del porcentaje que transfería el Ejecutivo foral alavés a las corporaciones municipales de su territorio.

Lo más curioso de esta pugna es que al menos en los últimos seis años no ha sido un problema de discrepancia entre partidos políticos distintos, sino todo lo contrario: una disputa entre iguales. Y es que desde 2015 el PNV monopoliza el control del Gobierno vasco, de las tres diputaciones y también preside Eudel, la asociación de municipios. La dificultad no estaba en las siglas partidistas, sino en los diferentes intereses territoriales.

El principal problema es que cada nivel institucional quería tener acceso a una porción mayor de la tarta. Como la tarta es única, si alguien recibía más otro debía aceptar quedarse con menos, y a eso nadie estaba dispuesto. Pero aún se complicaba más la disputa porque en las aportaciones al Gobierno vasco, también se reproducía una situación similar. Gipuzkoa y Álava reclamaban rebajar su participación en ese esfuerzo financiero, mientras Bizkaia se resistía a asumir el mayor peso que le podía corresponder.

Aunque el Gobierno vasco recibirá ahora el 70,81% de lo recaudado por impuestos en vez del 70,04% que tenía reconocido hasta ahora, lo cierto es que el cambio es más aparente que real. La diferencia entre ambos porcentajes se ha producido al recoger dentro del modelo de reparto algunas transferencias que hasta ahora se sustanciaban fuera del esquema fijado por la Ley de Aportaciones. Los coeficientes aprobados para cada uno de los territorios el pasado mes de febrero se mantienen como referencia. De cada cien euros que recibe el Gobierno vasco, Bizkaia aporta 50,39; Álava, 16,27; y Gipuzkoa, 33,34. Es un reparto que recoge el peso teórico de la economía de cada territorio en el PIB de la comunidad autónoma.