El Gobierno vasco abre la puerta a eliminar el Impuesto de Patrimonio en Euskadi

Las palabras del consejero hay que enmarcarlas en una corriente cada vez más extendida en las instituciones vascas, especialmente en las diputaciones de Bizkaia y Álava, que se muestran partidarias de una reconsideración del modelo fiscal para evitar distorsiones. El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, reconoció recientemente en una comisión de las Juntas Generales de este territorio que «hay contribuyentes que se desplazan a otros sitios para pagar menos». También el diputado general de Álava, Ramiro González, se ha mostrado públicamente partidario de «abrir una reflexión» sobre el tema, porque esa pérdida de grandes contribuyentes puede generar serios problemas a medio plazo para la recaudación de las arcas públicas vascas. Quienes mueven su domicilio social a Madrid para ahorrar el pago del Impuesto de Patrimonio, dejan de ingresar también en Euskadi su Impuesto sobre la Renta –con facturas extraordinariamente elevadas-; el de Sucesiones por pequeño que sea en el momento en que fallecen y se transmiten sus bienes a los herederos; lo mismo sucede con el IVA de su consumo –habitualmente muy por encima de la media-, además de desplazar fuera del País Vasco buena parte de su actividad económica. Y esta última parte tiene gran trascendencia, en un momento en que el País Vasco es extraordinariamente sensible a la deslocalización de sus empresas y necesita reforzar la inversión de capital autóctono.

De hecho, los datos de recaudación hasta finales del mes de agosto que ha publicado el Gobierno vasco revelan un detalle llamativo. La recaudación del Impuesto de Patrimonio en los ocho primeros meses del año ha descendido un 9,73%, lo que supone algo más de 17 millones, hasta 162,2 millones. Desde que se reinstauró en 2011 este polémico tributo que grava el ahorro, es el primer retroceso significativo, si se deja a un lado la ligera caída que se registró en el ejercicio de 2015. Lo que sucede hasta agosto en este tributo es una fotografía casi exacta de lo que va a suceder en el conjunto del año, ya que la declaración de los contribuyentes se presentó en julio.

Azpiazu ha dado a entender que a título personal mantendría el Impuesto de Patrimonio porque, ha dicho, «ejerce el papel de mantener la progresividad y si se elimina sin más estaríamos ante una regresión». Pero también ha admitido que «Madrid genera una tentación en algunos o en un buen número de contribuyentes que pagan este Impuesto», al tiempo que ha abogado por mantener el nivel de recaudación de las arcas públicas «porque aunque lógicamente se puede ganar en eficiencia en el gasto –ha matizado- también es necesario abordar actuaciones ante nuevos retos como el problema demográfico o la transición energética». Es en ese escenario en el que ha apuntado como vía de solución «incrementar la progresividad en los tramos más altos del IRPF», porque permitiría mantener las cuestiones básicas que, defiende, hay que preservar: recaudación y progresividad tributaria. En materia tributaria también ha rescatado la necesidad de reforzar los planes de pensiones –en especial las denominadas EPSVs de empleo- «porque cada vez va a ser mayor la brecha entre el último salario y la pensión», ha advertido.

Por otra parte, ha admitido como «algo inevitable» que la OPA del grupo suizo Six pueda suponer un problema de futuro para la Bolsa de Bilbao. «Es evidente que no va a ser lo mismo entenderse con alguien en Madrid que con un suizo, pero las bolsas viven en todo el mundo movimientos corporativos y hay que aceptarlo como algo normal», ha manifestado.

En otra parte de su intervención, el consejero ha lanzado un guiño muy claro a Elkarrekin Podemos, formación en la que el gabinete de Iñigo Urkullu ha depositado todas sus esperanzar para conseguir el respaldo que le permita terminar la legislatura sin sobresaltos y con un nuevo Presupuesto aprobado. Así, Azpiazu ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de dedicar más esfuerzo en el gasto público a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente, así como con la reducción de las desigualdades sociales. «La gran recesión de 2008 generó y agudizó los desequilibrios que el crecimiento económico inducía sobre el capital social, el humano, el natural y el físico –ha dicho en esta línea-. Por este motivo, aunque los niveles de PIB se recuperaron en 2016, estos desequilibrios no se han atenuado, lo que refuerza la necesidad y prioridad por avanzar en un crecimiento inclusivo que vaya más allá del mero crecimiento del PIB», ha concluido.