Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El impuesto energético que el Gobierno quería establecer como permanente a partir de 2025 se ha quedado en la cuneta. El Ejecutivo de coalición no podrá sacar finalmente adelante esta medida, acordad en el pacto de investidura entre PSOE y Sumar, tras la negativa de ... Junts para aprobar el nuevo régimen fiscal después de días de presión por parte de los independentistas para vetar una prórroga que había provocado importantes fricciones con compañías como Repsol o Cepsa.
Las negociaciones de los grupos parlamentarios se ha extendido hasta última hora de esta tarde para intentar incluir todas las novedades tributarias posibles en el texto del proyecto de ley que impondrá un impuesto mínimo a las grandes multinacionales. Ahí estaba llamada a incluirse la enmienda con el nuevo gravamen energético, pero «no ha habido acuerdo», según apuntan fuentes parlamentarias a este diario.
La presión había arreciado por parte de Junts en los últimos días, a medida que se acercaba la fecha límite para incluir las enmiendas, así como desde el PNV, aunque de forma más tibia. Los de Carles Puigdemont alegaban que podía ponerse en riesgo el futuro de la planta petroquímica que la compañía que dirige Josu Jon Imaz tiene en Tarragona, clave para la economía catalana.
Era la misma postura que había tenido Repsol desde que hace un año PSOE y Sumar anunciaran sus intenciones con este tributo cuando alcanzaron el pacto de investidura. La energética, cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, había anunciado que mantenía «congeladas» sus inversiones industriales en España a la espera de la resolución de este impuesto. Y, además, la semana pasada confirmaba que apostaba por una planta de hidrógeno verde en Sines (Portugal), lo que se convirtió en una muestra de las intenciones del grupo, en continuo enfrentamiento con el Gobierno por esta cuestión.
Este tributo aplicaba un tipo del 1,2% sobre la facturación de las energéticas que ingresaran 1.000 millones en 2019. Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy pagaron en 2023 1.355 millones de euros por el gravamen, mientras que este año el impacto superaría los 1.000 millones de euros.
El impuesto que sí seguirá adelante será el bancario. Aunque también incorporará cambios con respecto al que imperaba hasta ahora para minimizar su impacto. Así lo han negociado los nacionalistas catalanes y vascos. En este último caso, además, han conseguido que sea una figura que será concertada con el País Vasco, lo que ha agilizado los trámites de la negociación. El PNV celebra que tendrán capacidad normativa en el tributo bancario, junto al impuesto mínimo de multinacionales, que serán así regulados por las haciendas forales.
El renovado tributo bancario aplicará un tipo progresivo que va del 1% al 6% sobre los ingresos en función de la base liquidable de la entidad. Además, incluye una deducción del 25% de la cuota del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios. Y se incorpora otra deducción extraordinaria en el caso de que el banco sufra un descenso sostenido en su rentabilidad.
El tributo bancario gravaba con un tipo del 4,8% los ingresos de la banca procedentes fundamentalmente de los créditos así como las comisiones que cobran a sus clientes. Así se estableció a mediados de 2022 como consecuencia de la vorágine en las subidas de tipos que comenzó a aplicar el Banco Central Europeo (BCE), hasta el máximo del 4,5% alcanzado en la primera mitad de este año. Pero ahora el contexto ha cambiado y el propio Gobierno era consciente de que esta figura no podía seguir en las mismas condiciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya anticipaba que el nuevo tributo no podía terminar por afectar «a los resultados de la banca».
El pacto alcanzado esta tarde entre Hacienda y los grupos parlamentarios también supone cambios en otros impuestos como los de hidrocarburos, el de la Renta o el IVA. En concreto, ha elevado la tributación de las rentas del capital en el IRPF, a fin de aproximarlas poco a poco a la tributación de la base general, donde van los rendimientos del trabajo. Y también han cerrado equiparar la tributación del diésel a la gasolina, dejando fuera el gasóleo profesional.
En el caso del IVA, ha incluido la enmienda que pedía el sector petrolero desde hace meses para intentar acabar con el fraude millonario de los combustibles, por el que Hacienda asume un impacto cada año de unos 1.900 millones de euros. La solución -a la italiana- pasa por obligar a los distribuidores a liquidar el IVA en el momento en que saquen el combustible de los depósitos donde se encuentran almacenados.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
A la venta los vuelos de Santander a Ibiza, que aumentan este verano
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.